Interior confirma que la mafia del cobre ha triplicado su actividad en la provincia

Los días 4 y 5 del pasado mayo, España vivió un caos ferroviario que puso en el punto de mira un problema que se ha agravado en los últimos años: el robo de cobre. Fue la sustracción de cable en una línea a su paso por Toledo la que desencadenó una serie de retrasos que dejaron tirados a más de 10.700 pasajeros. Tal y como denunció entonces este periódico, el incremento de delitos vinculados con este mercado negro está afectando directamente a la provincia, y así lo acaba de confirmar el Ministerio del Interior. En Salamanca, en los últimos años se han triplicado las actividades ilícitas relacionadas con la sustracción de estos materiales, según se desprende de la respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria formulada por los diputados del Partido Popular por Salamanca en el Congreso de los Diputados.

A petición de José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha ofrecido una estadística provincializada de los robos de cobre en Salamanca durante los últimos seis años. Los datos evidencian que, en los tres últimos ejercicios, las actividades ilícitas vinculadas con este mercado negro triplican a las de los tres anteriores. En 2024, fueron 28 las sustracciones de este material que la Guardia Civil y la Policía Nacional contabilizaron en la provincia, una cifra similar a las de 2022 y 2023 —26 y 25, respectivamente—, pero muy superior a los 11 casos de 2021 o a los 12 del año previo a la prepandemia.

Pese a este importante incremento, Salamanca no es, ni mucho menos, la provincia de Castilla y León en la que más delitos de este tipo se producen. En 2024, en la comunidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contabilizaron 428 hechos delictivos vinculados con el robo de cobre. De ellos, solo un 6,5% se produjeron en esta provincia.

Esta misma semana, la Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada al robo de cableado telefónico que, aunque actuaba principalmente en Ávila, también habría operado en Salamanca. Tres personas han sido detenidas y más de 900 metros de cable han sido recuperados. En la provincia se han efectuado ya tres importantes operaciones este año. En febrero, en la localidad de Villaseco de los Reyes, se intervinieron 1.594 metros de cableado y se detuvo a tres personas. En marzo, en Puebla de Azaba, se recuperaron 4.162 metros. Y otros 1.350 en una operación realizada en abril en Tamames.

De las 107 sustracciones de cobre de las que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen conocimiento que se han producido en Salamanca en los últimos seis años, solo una, según el Ministerio del Interior, habría afectado a las infraestructuras de Adif en la provincia. En respuesta parlamentaria a los diputados del PP José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, el Gobierno señala que, en el periodo comprendido entre 2019 y 2024, «únicamente se ha registrado una infracción penal de robo, hurto o daños en instalaciones ferroviarias, relacionada con el cobre y materiales conductores».

No estaría incluida, por tanto, la sustracción de un tramo de catenaria de la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro que, según los trabajadores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en esta provincia, se habría registrado este año, ni tampoco el robo en Puente Ladrillo de casi un kilómetro de valla que impedía el acceso a la vía que une la capital del Tormes con Medina del Campo.

Aunque los populares preguntaron en la Cámara Baja al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el coste anual que ha supuesto la reposición de los materiales sustraídos y la reparación de los daños ocasionados por estas mafias, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se limita a contestar que «el coste derivado de las incidencias producidas por robos de cable forma parte de las actuaciones de mantenimiento de Adif», sin precisar la cuantía.

No obstante, sí detalla que «Adif está desarrollando una experiencia piloto del uso de drones asociada a servicios de vigilancia privada, que están patrullando la traza de la vía en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña». Por otra parte, insiste en que «se ha iniciado, además, el estudio de otra prueba piloto enfocada a la viabilidad del uso de un circuito cerrado de televisión, dotado de análisis de la escena con inteligencia artificial, para proteger determinados tramos de la traza ferroviaria con una mayor incidencia de acciones de interferencia voluntaria en el sistema ferroviario».