El ministro Bustinduy anuncia un protocolo pionero para atender a personas con discapacidad en emergencias
El documento, respaldado por el Consejo Nacional de Protección Civil, establece pautas comunes para bomberos, policías y equipos sanitarios, e incluye formación específica para garantizar una atención inclusiva y eficaz
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció este miércoles en Salamanca un nuevo protocolo estatal de comunicación y atención a personas con discapacidad en situaciones de emergencia, un documento que el Gobierno define como «pionero en la Unión Europea» y que ya cuenta con el aval del Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias.
El anuncio se produjo antes de la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad, en el marco de la 32ª Reunión del Consejo Rector del Real Patronato sobre Discapacidad, presidida por la Reina Letizia y el propio ministerio.
El protocolo establece por primera vez un marco común de actuación para todos los profesionales que intervienen en emergencias —bomberos, policías, equipos sanitarios o personal de protección civil— con el objetivo de homogeneizar la comunicación y la atención a personas con discapacidad en cualquier punto del territorio.
La meta, subrayó Bustinduy, es garantizar respuestas inclusivas, accesibles y eficaces que permitan salvar vidas en situaciones en las que las necesidades específicas requieren un enfoque especializado.
La iniciativa ha sido impulsada por el Real Patronato sobre Discapacidad, junto al Ministerio del Interior, las organizaciones del sector —CERMI, Fundación ONCE y Observatorio ZERO— y las comunidades autónomas, competentes en materia de emergencias y discapacidad.
El documento se estructura en dos escenarios clave. Por un lado, incluye directrices para comunicar una emergencia de forma comprensible para todas las personas, de manera que sistemas como ES-Alert puedan ofrecer información accesible. Por otro, recoge pautas precisas de intervención en rescates en los que estén implicadas personas con discapacidad, desde apoyos para personas sordociegas hasta instrucciones para actuar con personas con TEA, dificultades de movilidad, problemas de salud mental o limitaciones en la identificación del riesgo, como ocurre con personas ciegas.
El protocolo deberá ir acompañado de formación específica para los equipos de emergencia, a fin de garantizar que las pautas se apliquen correctamente. La implementación corresponderá a las comunidades autónomas, aunque el Gobierno destaca que permitirá una respuesta coordinada en todo el país.
Además, el texto será revisado anualmente para incorporar mejoras y actualizar los procedimientos según las necesidades detectadas en su aplicación real.