El Gobierno declara urgente abrir el centro para 460 inmigrantes en Puente Ladrillo
La ministra Elma Saiz ordena obras de emergencia en la residencia de la carretera de Aldealengua para que esté lista cuanto antes y la Secretaría de Estado de Migraciones presenta un proyecto de reforma de 1,7 millones de euros en el Ayuntamiento y pide licencia de obra
Aunque hace poco más de un mes aseguró en una entrevista a LA GACETA que no había una decisión tomada sobre el polémico centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, debía saber algo más de sus planes para estas instalaciones de la carretera de Aldealengua teniendo en cuenta la amplía documentación que acaba de presentar la Secretaría de Estado de Migraciones en el Ayuntamiento de Salamanca.
De no tener unos planes claros para la antigua residencia de mayores de San Juan de Sahagún a finales de este septiembre, ha pasado a firmar el 20 de octubre una orden que declara «la urgencia y el excepcional interés público» de las obras de acondicionamiento de este complejo como macrocentro de acogida para personas inmigrantes. Es tan solo uno de los documentos que se adjuntan al proyecto que ha presentado Migraciones en el Urbanismo. Lo ha hecho para solicitar la licencia de obra que le permita acometer los trabajos que hace ocho meses inició Tragsa y que el Consistorio obligó a paralizar al considerar los técnicos municipales que la empresa pública no contaba con los permisos necesarios para una obra de esa envergadura, con un presupuesto que supera los 1,7 millones de euros.
Ante la «emergencia migratoria» que vive España y «a fin de preservar la capacidad de respuesta ante eventuales llegadas masivas y evitar la saturación del sistema», según recoge la orden, la Secretaría de Estado no solo considera necesaria la apertura de este centro, que ya reconoce como dispositivo de acogida y atención humanitaria, sino que entiende que se trata de una acción prioritaria. De hecho, Saiz expone en esta reciente orden que «ante la urgencia de poder contar lo antes posible con las instalaciones», la Tesorería General de la Seguridad Social, como titular del inmueble, ya le concedió desde el 22 de noviembre de 2024 una autorización temporal para que ocupase las instalaciones durante un año hasta que la Dirección General de Patrimonio las adscribiese a Migraciones por un plazo de cinco años, un trámite que, al parecer, ya ha completado.
Después de ocho meses en suspenso, el departamento de Elma Saiz «requiere la realización de emergencia» de la actuación para que la antigua residencia se acondicione con el objetivo de poder «atender a las personas migrantes de manera suficiente, digna y segura». Y ha remitido la orden que declara las obras de «urgencia y excepcional interés público» al Ayuntamiento para que le responda si el proyecto es conforme a la ordenación urbanística en vigor. Serán los técnicos municipales los que respondan a esa pregunta, pero lo que ya está claro es que los planes del Ministerio incumplen una orden que la Junta de Castilla y León emitió el 28 de octubre de 2024, al menos, en lo que respecta a la capacidad del futuro centro.
Lejos de rebajar las plazas de acogida respecto a las 448 que planteó Tragsa cuando a principios de 2025 presentó la declaración responsable en el Ayuntamiento para iniciar las obras, Migraciones las ha elevado. En el nuevo proyecto establece que serán 460. Conforme a la normativa regional (Orden FAM/1160/2024), además de requerir autorización previa de la Junta, los albergues destinados a alojamiento temporal de personas en situación de vulnerabilidad no pueden superar la capacidad máxima de 120 plazas, una cifra que estas instalaciones exceden ampliamente. Tras la publicación en febrero del destino que el Gobierno de Pedro Sánchez quería darle a la antigua residencia de San Juan de Sahagún, la consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco, aseguró que ese proyecto era «inviable».
«El verano pasado [por el de 2024] el Gobierno quería imponer en Castilla-La Mancha, precisamente en el aeropuerto de Ciudad Real, que acogiera en barracones a personas inmigrantes procedentes en este caso de Canarias, llegadas de otros países. Ante esa situación a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno de España, de imposición, de enterarnos de las cosas por los periódicos sin que haya una negociación, dictamos dentro de las competencias que tenemos la orden de autorización y puesta en marcha de los centros para personas vulnerables», aseguró en aquel momento.
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