La gestión de los pisos turísticos estará en manos de profesionales

Este jueves se ha aprobado en el pleno municipal de Salamanca la Ordenanza de pisos turísticos, un tema que se encuentra en los últimos años en el foco de la polémica, especialmente en ciudades como Málaga, Mallorca o Barcelona, regiones con precios de vivienda elevados y un gran número de turistas.

El nuevo decreto que está preparando la Junta de Castilla y León para regular los apartamentos y viviendas de uso turístico, que sustituye a los decretos de 2015 y 2017, pretende dar a este tipo de alojamientos el mismo tratamiento y las mismas exigencias prácticamente que a los hoteles. Por eso uno de los requisitos que se pedirá a los propietarios de estos inmuebles es que la gestión esté en manos de profesionales y para estar en el registro de la administración regional y poder explotar el negocio se pedirá que sea una persona física o jurídica profesional y si no es el caso, el propietario lo tendrá que poner en manos de una empresa profesional.

El borrador de la nueva normativa ya está en manos de los ayuntamientos de la Comunidad para que hagan sus aportaciones antes de que el decreto pase por el Consejo de Gobierno de la Junta y se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL). La nueva regulación recoge que, como toda actividad económica, el que regente el negocio deberá estar de alta en el IAE, además de ingresar el IVA y declarar el IRPF. De esta manera la administración autonómica podrá comprobar si están de alta y al corriente en el Impuesto de Actividades Económicas. Así, serán los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico, en lugar de los propietarios de la vivienda, los obligados a presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad.

En la actualidad, muchas viviendas turísticas -una unidad por edificio- están gestionadas por personas particulares y explotan sus pisos como complemento a sus ingresos familiares, una forma de sacar rendimiento a una propiedad. Esta forma de negocio ha visto un crecimiento en los últimos años alentada por la inseguridad que le da a los propietarios la nueva normativa urbanística estatal, que deja indefenso al propietario ante un inquilino que deja de pagar el alquiler y alega vulnerabilidad. De hecho, en Salamanca los propietarios de pisos prefieren alquilar a estudiantes o destinar los pisos al turismo porque en el primer caso suelen contar con el respaldo económico de los padres que son los que garantizan el pago del alquiler y en el segundo, porque la estancia es temporal y corta.

El nuevo decreto pretende profesionalizar los servicios turísticos de este tipo de alojamientos y equipararlos a una actividad económica similar a hoteles u hostales, aunque a diferencia del Ayuntamiento de Salamanca con su ordenanza, sí da una moratoria que, en principio, está previsto que sea de tres años, ya que de lo contrario la administración regional podría enfrentarse a numerosas reclamaciones en los juzgados.

Las modificaciones de esta nueva regulación autonómica respecto a las normas actuales que aún están en vigor van dirigidas fundamentalmente a actualizar los requisitos y a ejercer mayor coordinación con los ayuntamientos, ya que muchas provincias también los están regulando desde un punto de vista urbanístico ante el crecimiento exponencial que están experimentando este tipo de alojamientos turísticos. El nuevo decreto también responde a las quejas que están formulando en todas las provincias los propietarios de hoteles y hostales.

A medida que ha ido creciendo y cambiando el modelo de turismo tradicional, las administraciones se han visto obligadas a intervenir para regular un mercado novedoso y dinámico. También se están endureciendo los requisitos, con medidas como el registro obligatorio de todo piso que vaya a ser destinada a usos turísticos o la obligatoriedad de contar con acceso independiente desde la calle cuando se trata de locales que no ocupen la totalidad del un bloque, igual que las viviendas de uso turístico ubicadas en locales, que tampoco pueden pasar por elementos comunes del edificio donde se ubique. Esta regulación viene motivada porque hay muchos locales que se han cerrado, han cambiado el uso y se están destinando a alojamientos turísticos.

Otra de las prescripciones es que la duración del servicio de alojamiento turístico está limitado a un plazo máximo de dos meses seguidos a un mismo turista dentro de cada año natural y es obligatorio que haya dos meses entre periodos de ocupación. Si se supera este periodo se entenderá que la relación que se establece entre cliente y el establecimiento está sometida a la normativa de arrendamientos urbanos.

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