Fuga de empresas de Salamanca a Madrid huyendo del agresivo control fiscal

Lo cierto es que por cada empresa asentada en Madrid que decide trasladarse a Salamanca, tres compañías salmantinas se marchan a la capital de España. Es lo que ha ocurrido en los últimos cinco años, desde 2018. Así lo demuestra el análisis realizado por la consultora financiera Informa D&B a solicitud de este periódico. Conforme a este estudio, en 2017 la tendencia era la contraria, llegaban más empresas de la Comunidad de Madrid (16) de las que dejaban Salamanca (13). Sin embargo, en el último lustro, al menos 153 empresas han optado por trasladar su domicilio fiscal a la capital de España, mientras que las que han realizado la operación inversa serían 52, casi una tercera parte. Fue en 2021 cuando se detectó una mayor «emigración» empresarial hacia la gran urbe. Solo en ese año se fueron de Salamanca más de medio centenar de compañías y llegaron solo una decena.

Madrid no solo capta empresas de esta tierra, sino también a uno de cada cuatro salmantinos que se marchan de la provincia para trabajar. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aún no ha publicado los datos de 2023, pero en el ejercicio anterior 18.593 personas de Salamanca encontraron empleo en otros lugares del territorio español. De ellos, 4.896 fueron contratados en la capital de España. La estadística de movilidad laboral muestra que en 2022 llegaron 13.243 trabajadores de otros territorios del país. Ese ejercicio se cerró, por tanto con un saldo negativo. Se fueron 5.350 trabajadores más de los que llegaron. Esta circunstancia está muy vinculada, por otra parte, a la pérdida de tejido empresarial en la provincia. La fuga de empresas hacia otros territorios en los que encuentra un marco fiscal más favorable implica que el empleo que estas podrían generar en Salamanca finalmente se estaría creando en otros territorios del país.

Los empresarios denuncian el «exagerado control»

«No se comprende el atosigamiento recaudatorio a las empresas. No tiene ningún sentido que un inspector trabaje con incentivos. La inspección tiene que estar detrás de las prácticas desleales y que están fuera de la ley, pero eso es muy distinto a que salgan a la calle directamente a sancionar», denuncia el secretario provincia de la Confederación Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Flórez, ante el agresivo control al que se somete a las empresas de la provincia. «Abrir un negocio y mantenerlo en pie se está convirtiendo en una tarea titánica. Si a todo esto se nos suma una legislación leonina y una persecución incentivada, se está alentando la desaparición de empresas», remarca. En esta línea, Flórez remarca que hay compañías que tienen personal exclusivamente para hacer frente a las inspecciones.

Tanto el representante de CES como el presidente de CEOE-Cepyme, Diego García, coinciden en apuntar que el mayor número de empresas que existen en Madrid, así como su mayor volumen, hacen que la probabilidad de verse sometido a una inspección o control aleatorio sea menor que en Salamanca, donde son muchos menos». «Estamos sometidos cada vez a una mayor presión fiscal y a una carga burocrática excesiva. Y si estar en una región como Castilla y León te penaliza, las empresas se trasladan a otro lugar. Es el caso de los agricultores, cuyas protestas llegan, entre otras cosas, por la mayor carga fiscal y por la implantación del cuaderno digital. Se nos somete a un control exagerado con el que al final lo que se consigue es ser menos competitivo, porque todo ello conlleva unos costes que al final se repercuten en el coste final», remarca Diego García. Frente a todo ello, las dos confederaciones empresariales reclaman menos trabas y papeleo, y más apoyo y bonificaciones a las empresas.

Récord de recaudación tributaria

A falta de los resultados del pasado diciembre, que no se harán públicos hasta finales de marzo, la delegación de la Agencia Tributaria en Salamanca logró en 2023 una recaudación de récord. Sin tener el montante definitivo, ya es el año de los últimos quince en el que más fondos han aportado los salmantinos a llenar las arcas estatales. Entre enero y noviembre ingresó 632 millones de euros por los diferentes impuestos, un 3,53% más que en todo el ejercicio completo de 2022. Desde 2007, cuando estalló la anterior crisis económica, no se alcanzaba una recaudación de esa magnitud ya no en los once primeros meses del año, sino en todo un ejercicio completo.

Este aumento de la presión fiscal a las familias salmantinas no es producto de una decisión directa del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que es consecuencia de la inflación, que provoca una subida tributaria oculta. El encarecimiento de precios implica un crecimiento de los ingresos estatales por IVA. Pero es el IRPF el impuesto con el que más se incrementa la recaudación del Estado. No solo ha aumentado el número de personas ocupadas en la provincia, sino que las actualizaciones salariales y de pensiones con las que se ha tratado de contrarrestar el incremento del coste de la vida conllevan también una mayor recaudación por parte del Estado. Así, en once meses de 2023, Hacienda ingresó en Salamanca por IRPF 359 millones de euros, 26 más que en todo 2022. Si se comparan periodos iguales, el aumento de la recaudación fue de 39 millones, más de un 12%, según la estadística de la Agencia Tributaria.

Por otra parte y pese a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para aliviar a las familias del impacto que ha tenido en los hogares la subida de precios en la cesta de compra, los ingresos por IVA percibidos por la Agencia Tributaria en los primeros once meses del pasado año ascendieron a 163 millones de euros, siete más que en el mismo periodo del año anterior ( 156,4) y récord de recaudación por este impuesto desde que existen datos.