Freno a 400 pisos turísticos en año y medio con 21 trámites de ejecución forzosa

Desde que comenzó el control de los pisos turísticos en la capital, se han negado autorizaciones a cerca de 400 negocios. Así lo expuso el edil de Fomento, Fernando Carabias, durante el pleno municipal, en el que detalló que han sido 396 las unidades de pisos y viviendas turísticas rechazadas desde abril de 2024, cuando las administraciones local y regional iniciaron las inspecciones. Se suman otras 128 que se encuentran en tramitación o a la espera de presentar documentación.

A día de hoy, el censo municipal que registra los negocios con licencia suma 362 unidades, 119 más que hace una semana. De estas, 219 son alojamientos individuales, y las 143 restantes están incluidas en edificios de uso exclusivo para la actividad.

Dentro de la labor de inspección, Carabias ha especificado que se han abierto 21 expedientes de ejecución forzosa de cierre de establecimientos por incumplir el PGOU o la ordenanza que regula la actividad desde principios de este año. En cinco ocasiones, según los datos del concejal, el negocio estaba funcionando a pesar de no tener el permiso; en los otros 16 casos se comprobó que no se ejercía la actividad.

Desde que se inició la campaña de control, se han abierto 303 expedientes —tanto de alojamientos nuevos como antiguos— para que iniciaran los trámites necesarios para legalizar su situación.

A pesar de esta actividad, aún no se ha sancionado a ningún titular por incumplir la normativa, porque en muchos casos los pisos turísticos ya no estaban en funcionamiento aunque figuraran en el registro, o bien habían presentado la baja del censo, se encontraban inmersos en un recurso o el expediente aún no había finalizado.

El edil socialista José María Collados reprochó que existe una diferencia «no menor» de pisos que están en el registro de la Junta sin licencia —a fecha de ayer, 79; hace una semana, 198—: «Es algo que conocen desde hace meses, e incluso años, ¿y sin embargo a estas alturas dicen que no hay ni una sola sanción?».

Carabias defendió que se ha hecho un gran esfuerzo para regularizar la situación, recordando que no hace tanto tiempo había 700 pisos en el registro de la Junta.

Los empadronamientos sospechosos también sobrevuelan la capital. En 23 viviendas hay más de 10 personas censadas. En concreto, en una de estas viviendas hay 14 individuos dados de alta, aunque a dos de ellos se les ha abierto un expediente de baja de oficio. Es el piso más «hacinado» de la capital, una circunstancia que despierta sospechas de posibles empadronamientos falsos.

En otros tres casos hay 13 personas empadronadas en un mismo piso, pero ante los indicios de irregularidad, los técnicos municipales han realizado inspecciones: en uno de ellos se ha abierto expediente de baja a 11 de los «moradores» y en los otros dos casos, a dos personas en cada uno.

El quinto piso con más empadronados de la capital es una vivienda en la que figuran 12 personas censadas, dos de ellas con expediente de baja en curso. Ninguno de estos pisos se considera una infravivienda.

«Existe control cuando se detecta un indicio de ilegalidad», defendió ayer el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, durante el pleno municipal, tras ofrecer los datos en respuesta a una pregunta formulada por el concejal del Grupo Mixto, Ignacio Rivas.

«Vemos noticias permanentemente sobre denuncias y detecciones de empadronamientos masivos en viviendas, incluso en locales, en distintas ciudades de España, y queremos conocer cómo está este tema aquí», aseguró Rivas.

El edil también presentó una moción para unificar la edad en todos los programas municipales, que fue rechazada por el resto de los grupos al considerar que se ajustan a los rangos legales y que se adaptan al criterio de equidad en función de sus fines.

Sí se aprobó, en cambio, la moción del concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota para que el Ayuntamiento de Salamanca muestre su apoyo al Poder Judicial, que el pasado jueves concluyó tres días de paro contra el nuevo plan para modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como otras leyes que, según denuncian, pretenden acabar con la autonomía de esta autoridad. También se expresó el apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en particular a la UCO de la Guardia Civil.