El PSOE de Salamanca plantea una ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual

Ambas han coincidido en apuntar que la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver con factores como la feminización de la pobreza, la persistencia de la discriminación, la división sexual del trabajo o la desigualdad en el acceso a la educación. En esta línea, puesto que mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, han recordado que la explotación sexual es un fenómeno específico de género: la abrumadora mayoría de víctimas son mujeres y niñas, mientras que los consumidores, traficantes y proxenetas son habitualmente hombres.

En concreto, se estima que más de 50.000 personas entran al año en España para la explotación sexual y que entre el 90 y 95 % de las mujeres prostituidas son víctimas de la trata. El consumo de prostitución es diez puntos superior al observado en la media europea y esta “industria” produce cantidades ingentes de dinero: los proxenetas obtienen alrededor de cinco millones de euros al día, principalmente en dinero negro, según datos de la Fiscalía General del Estado.

Castilla y León y Salamanca no son ajenas a esta situación. “En nuestra Comunidad hay más de 250 clubs de alterne y, en concreto, en nuestra provincia, entre pisos y clubs, hay 140 locales donde se esconde el sufrimiento de muchísimas mujeres y menores, agravado por las grandes dificultades que encuentran para acceder a los servicios médicos y por la violencia que reciben”, ha explicado la concejala socialista María García.

Todos estos datos reflejan la gravedad de una realidad muchas veces invisibilizada. “Hay que decirlo claramente: la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son dos fenómenos que no pueden desvincularse. La trata existe porque hay una demanda de prostitución que convierte la trata en una actividad muy rentable para las mafias y los proxenetas”, ha continuado. De hecho, como indican las resoluciones en este ámbito tanto de la Unión Europea como de Naciones Unidas, las administraciones deben incluir dentro de sus políticas públicas la lucha contra esta lacra social sin eludir la conexión entre prostitución y trata, “formas de violencia machista que las sociedades democráticas no pueden tolerar”.