29 octubre 2020
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El PP de Salamanca recogerá firmas para luchar contra la okupación

Presentará mociones en ayuntamientos y en la Diputación para acabar con esta lacra

El Partido Popular de Salamanca ha presentado este lunes una campaña para luchar contra la okupación, que sirve para reforzar la Proposición de Ley que los populares han llevado al Congreso de los Diputados para luchar contra esta lacra que en lo que llevamos de año ha registrado ya un total de 3.700 casos, el triple que en 2005. El PP recogerá firmas en la plataforma change.org así como de forma presencial en las sedes del PP en la provincia, así como en los grupos del Ayuntamiento de Salamanca y de la Diputación provincial.

El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, explicó que se trata de un "problema que preocupa gravemente a los ciudadanos, ya que afecta a las clases medias, trabajadoras y humildes, que quieren que los políticos, la policía, los jueces y los fiscales garanticen su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda", un problema ante el que "el Gobierno tiene los ojos cerrados, negando la evidencia de una lacra social que cada día afecta a más familias". En su opinión, "quedan indefensos los intereses de los españoles", y afirmó que "el Gobierno tiene los ojos cerrados, no presta atención y diría que parte del Gobierno ve simpatía ante estas situaciones que se producen y Sánchez consiente".

Por su parte, el secretario provincial de los populares, Carlos García Carbayo, acusó al Ejecutivo de "inacción" ante un problema en constante incremento, con 40 denuncias al día en lo que llevamos de año. En este sentido, afirmó que "hay que luchar contra las mafias con medidas eficaces como estas que no afectarán a los colectivos vulnerables por eso, desde el PP consideramos prioritario modificar la ley. Es necesario y urgente". En este sentido, el alcalde de Salamanca explicó que el PP basa su Proposición de Ley en cinco puntos, "recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de cárcel de uno a tres años y la incitación a la okupación, con penas de cárcel de tres meses a un año; que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojar a los okupas del inmueble en doce horas; que los okupas no se puedan empadronar en la vivienda; que las comunidades de propietarios puedan adoptar medidas legales y que las personas jurídicas también puedan iniciar un procedimiento de desalojo".

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