12 noviembre 2019
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El Gobierno causa a la Universidad un agujero de casi medio millón de euros

Más de 200 jóvenes predoctorales están pendientes de cobrar el aumento retributivo fijado en el estatuto que el Ejecutivo de Sánchez aprobó en marzo sin incluir memoria económica

23 jun 2019 / 21:10 H.

El pasado 16 de marzo entró en vigor el nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación recogido en el Real Decreto 103/2019, de 1 marzo. Una buena noticia “a priori” para los jóvenes investigadores, los rectores, los sindicatos y el Gobierno, sin embargo, la alegría fue pasajera. Al no ser aprobados los Presupuestos Generales de los socialistas, que incluían 9 millones para pagar el incremento salarial que contempla el estatuto conocido como EPIF, ahora a quienes les toca rascarse el bolsillo es a las universidades.

En el conjunto del sistema universitario hay 9.000 afectados que tendrían que haber cobrado desde marzo un incremento salarial de 110 euros de media. Estos investigadores en formación ingresan unos 1.000 euros al mes, lo pactado es que el sueldo suba hasta alcanzar los 400 euros más brutos al año.

La Universidad de Salamanca tiene en estos momentos 217 investigadores predoctorales, el grupo más numeroso es el de los contratos del Ministerio de Educación, más de 100 entre los 78 del programa FPU (Formación de Personal Universitario) y los 25 del programa FPI (Formación de Personal Investigador). Además, en la Universidad de Salamanca hay 53 investigadores predoctorales con contrato a través de las convocatorias de la Junta de Castilla y León, otros 59 están empleados directamente por la institución académica y hay 2 con contrato por la Cátedra Iberdrola VIII Centenario y por la Fundación “La Caixa”. Para pagar el incremento salarial a este colectivo que representa casi el 10% del personal docente e investigador de la Universidad de Salamanca, el Estudio tendrá que desembolsar casi medio millón de euros. Una cantidad elevada que detraerá de otras partidas, reajustando el presupuesto ya menguado por la prórroga de las cuentas de la Junta de Castilla y León.

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