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Varias familias acuden a la sede de Cajas Solidarias para recoger alimentos. ARCHIVO
El fracaso del Ingreso Mínimo: un año de espera para denegarlo al 70% de casos

El fracaso del Ingreso Mínimo: un año de espera para denegarlo al 70% de casos

Las ONG critican que los retrasos en la prestación no permiten aliviar las situaciones de emergencia | El Ayuntamiento asume toda la carga de informes sin refuerzo del servicio

Lunes, 29 de noviembre 2021, 22:16

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“Sorprende que muchas personas que estaban cobrando la Renta Garantizada de la Ciudadanía, a la hora de pedir el Ingreso Mínimo Vital o se lo han denegado o le han concedido una cantidad tan baja que no les sacan de su situación de vulnerabilidad o exclusión un año después de pedirlo”. Este es el mantra con el que se encuentra la asesora jurídica de Cáritas de Salamanca, Cristina Almeida, cada vez que ve cómo el Ingreso Mínimo Vital no cumple con la función con la que fue creado hace ya 18 meses. Un bombo y platillo que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, defiende que se puso en marcha “en tiempo récord” pero que, sin embargo, no ha permitido que las familias salgan de su situación de exclusión. Los últimos datos del Ejecutivo confirman que de los 8.274 expedientes presentados, solo 2.444 han recibido el visto bueno, es decir el 32, 7% del total con los que benefician a 5.472 personas, de los que 2.082 son menores. 5.195 fueron rechazados por múltiples motivos a los que tanto trabajadores sociales como organizaciones no acaban de encontrar una explicación para una ley que aún le resta que se confirme el desarrollo normativo.

Las organizaciones reconocen que la prestación “es muy compleja”, a pesar de que la tramitación aparentemente es sencilla. “Lo que nosotros percibimos es lo que dicen las estadísticas, que las personas vulnerables no están accediendo a él”, detalla Almeida. Entre los casos que ven denegados se encuentran las dificultades con las unidades familiares —aquellas personas que han vuelto a vivir a casa de sus padres— o el hecho de que dos personas que vivan en la misma casa no tengan acceso a la prestación sin ser familiares; que se pida un año de residencia a los extranjeros o el mínimo de 23 años para acceder a la prestación. “No se tiene en cuenta la fórmula de compartir habitación o la situación de las personas sin hogar”, lamenta la responsable jurídica de la ONG. Pero, sobre todo está el abismo que abren las respuestas inconclusas. “Hay veces que no sabemos por donde empezar porque no razonan la denegación”.

La reforma se ha ido modificando para adaptarse a los casos creando una “inseguridad jurídica” en las tramitaciones y la sobrecarga para otras administraciones a las que se la ha cedido la gestión sin dotarla de recursos. “En su última visita, el ministro nos felicitó por la labor de los trabajadores sociales con el Ingreso Mínimo Vital, lo agradecemos pero nos hubiera gustado más que se nos dotara de recursos para poder hacerlo”, detalla la teniente de alcalde, Ana Suárez. “Hemos tenido que asumir una tarea a la que no se ha dotado de personal”, asume, consciente de que es una “sobrecarga” para los servicios sociales.

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