05 julio 2020
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El calvario para casi 20.000 salmantinos: sin PCR aunque tengan síntomas

La situación se produce desde el 11 de mayo, cuando estos funcionarios del Estado dejaron de depender de la Seguridad Social y en las mutualidades dicen que no tienen competencias para realizar test

01 jun 2020 / 07:43 H.

19.873 salmantinos acogidos a asistencia sanitaria a través de mutuas se encuentran en este momento en un limbo administrativo que impide realizarles pruebas PCR de detección del coronavirus aunque presenten síntomas de la enfermedad. Así lo denuncian a este periódico alguno de los acogidos al sistema de mutualismo administrativo en Salamanca y el propio sindicato CSIF. Se trata de funcionarios civiles del Estado y los familiares a su cargo de estos trabajadores que también pertenecen a áreas como Educación, la Administración General del Estado, el Ejército, funcionarios de los Juzgados, así como investigadores de centros estatales como el Irnasa y el CSIC, entre otros.

Desde el inicio del estado de alarma estos pacientes pasaron a depender de la Seguridad Social para su asistencia hasta el pasado 11 de mayo, cuando volvieron a depender de sus mutuas. Debido a que la realización de las pruebas PCR depende de la sanidad pública y que las mutuas reconocen que no tienen competencias para practicarlos, los funcionarios se encuentran en la tesitura de que no pueden acceder a las pruebas aunque se las prescriba su médico de cabecera porque son sospechosos.

Según Federico Martín, presidente de CSIF-Salamanca, se trata de un 7,6% de la población de Salamanca. "Ese 7,6% que no está siendo testado y está descontrolado en ese aspecto", señala Martín, haciendo alusión también que según el decreto 14/2020 se deben prescribir las pruebas a todos los pacientes que presenten síntomas en 24 horas. Los afectados también ponen el foco en el peligro que supone que sus familiares, con los que conviven, puedan ser asintomáticos y, debido a que no tienen acceso a los test, puedan poner el riesgo a la población.

De todas las personas que se encuentran en Salamanca en esta situación, 11.756 se pueden considerar población de riesgo porque tienen más de 50 años, según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Castilla y León. Solo podrían saber si se han contagiado cuando, en un caso grave, acudan al Hospital. Por eso desde CSIF exigen a la Administración que regule este vacío que perjudica a los funcionarios. "Necesitamos una solución. O bien que la mutua asuma las pruebas poniendo dinero o que se haga cargo la Seguridad Social, una de dos", insiste Martín.

El responsable denuncia que han tenido casos en los que no se ha realizado la prueba a los funcionarios y luego se ha demostrado que se habían contagiado. "Varios de nuestros liberados sindicales han dado positivo en las pruebas que a título particular ha realizado el sindicato después de que no les hayan hecho test", señala.

Por este motivo, el sindicato CSIF se ha dirigido por escrito a las mutualidades (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) exigiendo que se establezca un procedimiento que garantice a los mutualistas y beneficiarios la realización de la prueba PCR u otra técnica de diagnóstico molecular adecuada a cada caso sospechoso de COVID-19 en las primeras 24 horas desde el conocimiento de los síntomas.

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