Las ejecuciones hipotecarias caen un 93 % tras una década con los desahucios suspendidos

Después de los años de la crisis económica en los que los desahucios eran casi diarios, los procedimientos de ejecución hipotecaria, por los que el acreedor hipotecario —normalmente un banco— pueda cobrar su deuda mediante la ejecución de la garantía —principalmente una vivienda— si el deudor no cumple con su obligación de pagar las cuotas, se han reducido a casi tres al mes. Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año fueron 44 las ejecuciones hipotecarias contabilizadas en la provincia por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España. Son menos de la mitad que un año antes (96) y no llegan ni a un tercio de las contabilizadas en 2022 (125). Si se echa la vista atrás una década, el descenso es de un 93 %. En 2014, tras siete años del estallido de la crisis, eran 659 y un año después, en 2015, fueron incluso más, 812.

Hay que tener en cuenta que, a través de un decreto ley, en noviembre de 2012 se aprobó «la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión». Convalidado y aprobado como la Ley 1/2013, de 14 de mayo, la medida se ha prorrogado posteriormente en 2017, 2020 y 2024. La última ampliación de plazo supone la suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual durante cuatro años adicionales, hasta el 15 de mayo de 2028.

No obstante, solo la mitad de estas ejecuciones hipotecarias afectan a viviendas. En 2023, de un total de 44 procedimientos, 23 afectaron a viviendas, otro a una finca rústica, dos a solares urbanos y los 18 restantes a otro tipo de propiedades. De las viviendas, ninguna era una nueva, todas eran de segunda mano, según la información que acaba de actualizar el INE. De estas últimas, una veintena eran propiedad de personas físicas y las otras tres de entidades jurídicas.

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