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Ecuador está viviendo días de terror con los actos violentos que están protagonizando una veintena de organizaciones delictivas formadas por narcotraficantes armados que están sembrando el pánico en sus calles y en sus instituciones. Según fuentes de Efe, estos acontecimientos suman setenta detenidos y se han cobrado ya la vida de al menos diez personas. El presidente actual que prometió durante su toma de posesión terminar con la violencia de las bandas criminales, Daniel Noboa, decretó la existencia de un conflicto armado interno y un estado de excepción en todo el país, con toque de queda obligatorio y militarización de calles y centros penitenciarios.
La comunidad ecuatoriana de Salamanca, formada por cerca de trescientas personas que residen en la provincia, vive el conflicto muy de cerca a pesar de tener el corazón destrozado y del lado de aquellos que les esperan a más de 8.000 kilómetros de distancia. Francisco Masabalin, presidente de la Asociación de Ecuatorianos en Salamanca, muestra su conmoción a este periódico: «Los actos que hoy vivimos son consecuencias políticas del correísmo, que normalizó la narcopolítica y favoreció el empoderamiento del crimen organizado. Desde la Asociación de Ecuatorianos de Salamanca nos solidarizamos con nuestros compatriotas y condenamos todo tipo de violencia que pone en peligro el estado de derecho, la democracia y usa la criminalidad como herramienta. Están viviendo una situación límite y están horrorizados».
Por otro lado, cree que el estado de excepción declarado por el presidente ha sido una decisión sensata: «Noboa lo tiene claro. Quiere terminar con la corrupción que asola a las instituciones y a todo el país. Está poniendo mano dura con el decreto de estado de excepción y pueden ocurrir dos cosas, que el conflicto vaya a más o que se busquen otros caminos u otros mecanismos que lleven a una mayor estabilidad. El problema es que aún quedan fuerzas que apoyan a estos grupos terroristas, como los bancos que estuvieron infiltrados en lavados de activos, la policía corrupta o los jueces que apoyan a prófugos de la justicia. La única vía es acabar con todo aquello y abogar por la institucionalidad democrática del estado ecuatoriano», reconoce. Asimismo, la Asociación de Ecuatorianos de Salamanca ha decidido mostrar su apoyo a sus familiares, amigos y compatriotas con una marcha pacífica el próximo 14 de enero.
El detonante de este creciente aluvión de violencia sin límites se produjo el pasado lunes con la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias 'Fito', jefe de Los Choneros, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país y ejecutor del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Con su huida, se desencadenaron motines en seis cárceles de Ecuador, secuestro de funcionarios y la fuga de otros dirigentes de bandas peligrosas. Los ejecutores también asaltaron un canal de televisión, detonaron explosivos en las calles, quemaron automóviles y secuestraron a policías.
Carmen Seguín, nacida en Ecuador y concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, siente un gran dolor por ver la situación que afronta la tierra que le vio crecer: «La violencia nunca es el camino y viola los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ecuador, como el resto de países de Hispanoamérica, afronta un sistema de corrupción que se ha convertido en un cáncer. No solo está instalada en las instituciones, sino que llega a formar parte de la cotidianidad y es muy difícil de combatir. Además, el narcotráfico mueve mucho dinero y seduce al poder», reconoce.
Por otro lado, procesos como la dolarización del país han anclado todas las transacciones del crimen organizado, especialmente del narcotráfico: «Con la dolarización, Ecuador se ha convertido en el centro mundial del lavado de dinero del narcotráfico», reconoce.
Con orgullo, Seguín pone el foco en la fortaleza y entereza del pueblo ecuatoriano: «Es un pueblo trabajador y creativo y no se merece esta historia de fracaso democrático. El sentimiento de arraigo a la tierra nos une incluso a kilómetros. Amedrentar a trabajadores y a población civil, privar del derecho a la información a la gente, ejercer violencia sobre un pueblo, detonar explosivos o quemar coches como han llevado a cabo las bandas criminales estos días son actitudes inadmisibles y horrorizan», concluye.
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