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Jueves, 16 de enero 2020, 11:37
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Prevenir las conductas delictivas de los menores infractores de 14 a 18 años y también actuar en caso de conductas violentas dentro del ámbito familiar, ejecutar las medidas impuestas por los jueces y apoyarles en la inserción social y laboral. Son los tres ejes de trabajo de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León ante el creciente número de menores infractores.
En Salamanca, los jueces condenaron a 118 menores por diferentes delitos, lo que supone un 16% más que el año anterior (101) y un 24% más que cinco años atrás (89). Así lo constatan los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2018, que revelan además que de los 118 menores, el 33% son chicas. Llama la atención el brusco repunte de mujeres adolescentes de 14 y 15 años con comportamientos antisociales. De 9 chicas de esta edad condenadas en 2017 se ha pasado a casi el triple: 25 en 2018.
Trabajos en beneficio de la comunidad e internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto, internamiento terapéutico o permanencia de fin de semana son algunas de las medidas que imponen los Juzgados de Menores en función de la gravedad del delito cometido. Castilla y León cuenta con ocho centros que suman un total de 131 plazas donde los menores infractores cumplen las medidas privativas de libertad y convivencia en grupo educativo: dos son centros propios (el Zambrana y Los Manzanos, en Valladolid), mientras que 6 son centros colaboradores, que cuentan con 39 plazas y se encuentran en Burgos, León, Salamanca (Santiago III y Santiago VI), Zamora y Valladolid. Estos centros atendieron en 2018 a casi 300 menores.
En este ámbito, la Junta recalca su apuesta por la socialización y reinserción de los jóvenes atendidos en el centro de menores Zambrana, donde en la actualidad seis de los 65 menores son de Salamanca. La reincidencia en la delincuencia de estos menores que salen sólo alcanza el 8%.
Al Área de Intervención de Reforma del Zambrana, para menores que cumplen medidas judiciales, llegan jóvenes que han cometido una infracción. Allí aprovechan para realizar actividades formativas, educativas o deportivas, además de recibir intervención psicológica, pedagógica, educativa, prevención de comportamientos violentos y talleres prelaborales. Mientras que el Área de Intervención para la Socialización acoge a menores protegidos con graves problemas de conducta que, aunque no han cometido un delito, cuentan con un expediente administrativo por presentar alteraciones de conducta (escaparse de casa, situaciones de agresividad con los padres o no acudir a sus clases de forma regular). Para su ingreso es necesaria la autorización de los Juzgados de Familia.
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