31 octubre 2020
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Confinamiento judicial y multa de 3.001 a 600.000€ para 81 contagiados infractores

La Junta anuncia que pedirá de inmediato a los tribunales la restricción de movimiento para las personas con PCR positiva

Saltarse la cuarentena no le va a salir gratis a las 81 personas de la ciudad y con PCR positiva que la Policía Local no ha localizado en sus domicilios durante los controles aleatorios a 350 contagiados de la capital del Tormes realizados desde el pasado sábado. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, anunció este jueves tras el Consejo de Gobierno de la Junta que se va a tramitar “inmediatamente el expediente sancionador correspondiente y a solicitar su confinamiento judicial”. Como ya se ha hecho en semanas anteriores con, al menos, otras cuatro personas de la provincia que se saltaron la obligada cuarentena, se pedirá que se decrete por vía judicial su restricción de movimientos para que ese confinamiento “pueda ser vigilado y hecho cumplir por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, aseguró el portavoz.

Aunque, de momento, no hay ninguna propuesta de sanción para ninguno de ellos, Igea urgió la tramitación de estas multas, cuyas elevadas cuantías pueden tener un efecto disuasorio sobre otros potenciales infractores. Según el Decreto Ley 7/2020, “el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o, en su caso, confinamiento decretado, en personas que hayan dado positivo en COVID-19” es considerado una infracción grave y, por tanto, le corresponden multas de entre 3.001 y 60.000 euros. Pero, cuando este incumplimiento es “acreditado y reiterado” y conlleva “un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población”, la sanción a imponer va desde los 60.001 a los 600.000 euros. Por lo tanto, la cuantía final dependerá de las circunstancias de cada caso y de lo que aleguen cada uno de estos presuntos infractores a los que los agentes de la Policía Local no localizaron en sus domicilios después de, al menos, tres visitas —dos durante el fin de semana y una tercera realizada entre el lunes y el miércoles—. Las alegaciones que presenten cada uno de los denunciados determinará en gran medida el resultado final de los expedientes sancionadores.

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