El comercio salmantino ve «casi imposible» adoptar el nuevo sistema de facturación de Hacienda en enero
Un software que envía automáticamente a la Agencia Tributaria cada venta realizada por los establecimientos
A falta de solo dos meses para la entrada en el nuevo año, desde la Asociación de Empresas Salmantinas del Comercio (AESCO) ven «muy complicado, por no decir imposible, que el 100% de los negocios de Salamanca se hayan adaptado al sistema Verifactu a partir del 1 de enero de 2026».
«De momento, son pensamientos especulativos porque no podemos saber la situación de todas las empresas y no es fácil afirmar si estarán adaptadas o no dentro de dos meses, pero nosotros pulsamos el día a día y creo que no va a ser posible que el 100% de los negocios estén en posición de adaptarse», apunta el secretario general de AESCO, Antonio Flórez.
EL sistema Verifactu es un nuevo modelo de facturación —gran proyecto de la Ley Antifraude— que obliga a los negocios de todo el país —salvo algunas excepciones autonómicas— a utilizar un programa de facturación que cumpla con los requisitos técnicos fijados por Hacienda y que haya sido debidamente certificado. Consiste, en resumen, en un software que envía de forma automática a la Agencia Tributaria, y al instante, todos los registros de facturación de las empresas. Por ejemplo: el cliente de un restaurante pide la cuenta de su mesa. En el mimo momento en el que los camareros del restaurante imprimen la factura, hay una copia que se le entrega al cliente para que pague, y otra que se envía automáticamente a Hacienda.
El problema es que «no todas las empresas tienen un departamento de administración para acometer este cambio» —apunta Antonio Flórez— y que, aunque sí tengan ese departamento, la adaptación supone «una serie de costes que, como siempre, tiene que pagar la empresa».
«No son solo costes de material, porque muchos negocios tendrán que comprar nuevos dispositivos compatibles con este software, sino también gastos de formación y de tiempo», recalcan desde AESCO.
Flórez apunta que «gracias a la Cámara de Comercio, que está realizando formaciones casi todas las semanas, ya se está formando o, al menos, informando al mayor número posible de empresas, pero todavía quedan muchas que por disposición de horarios no han podido acudir a los talleres y no saben a qué atenerse».
Los plazos que marca esta Ley Antifraude hablan del 1 de enero de 2026 para empresas, y el 1 de junio de 2026 para las personas físicas. También se especifican fuertes sanciones para quienes hagan oídos sordos a la normativa. En concreto, son hasta 150.000 euros para los fabricantes y distribuidores de software no homologado por Hacienda, y también 50.000 euros para las empresas que utilicen este estos programas no autorizados o alterados. El fin último de esta norma es el de terminar con programas de facturación que facilitan un doble uso para ocultar ingresos. Con los software autorizados por Hacienda, cada factura generada llevará asociado un código único que garantiza su inalterabilidad: no puede borrarse ni modificarse a posteriori. En caso de error, no bastará con borrar ese documento y abrir uno nuevo, sino que deberá emitirse un registro de anulación que también quedará reflejado en el sistema.
Desde el comercio salmantino hablan de «gran hermano fiscal» desde que se conoció la obligación de adoptar este nuevo sistema de facturación. «Está claro que cuando se plantea una idea hay que dar un plazo porque, de lo contrario, nadie lo hace, este es un camino de años. A la larga, este gran hermano fiscal acabará siendo hasta cómodo, pero cuando estemos todos adaptados. Llevamos años relacionándonos con la Administración y es ahora cuando estamos cómodos con esos métodos, pero han pasado seis u ocho años hasta llegar a esta situación», explica el representante de AESCO.