Trabajadoras en las oficinas del Palacio de Justicia de Gran Vía ALMEIDA

Colapso judicial: 8 meses de retraso por las sucesivas huelgas

El aumento de asuntos ha elevado de 3 a 5 meses el tiempo que una demanda tarda en ir a juicio en Primera Instancia y el paro de los letrados, al que ahora se suma el de funcionarios, ha llevado a señalar para final de año vistas suspendidas

Sábado, 22 de abril 2023

La reunión del pasado jueves con el Ministerio de Justicia fue “decepcionante”, según los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CCOO. Lo que significa que, como ocurrió de nuevo ayer, en Salamanca continuarán suspendiéndose juicios con motivo de la huelga de los gestores, tramitadores y auxilios de la administración de Justicia. Y ante ello, el propio presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha alertado de que esta situación “puede provocar el colapso de la Justicia”.

Sin tener en cuenta las vistas suspendidos desde el pasado lunes por los paros de los funcionarios —que, según cálculos de los convocantes, podrían superar ya el centenar—, entre el 24 de enero y el 28 de marzo se cancelaron 330 juicios por la huelga de letrados. Iban a celebrarse antes de abril y ahora están señalados, según la información facilitado por el alto tribunal, para septiembre, octubre, noviembre e incluso para el 19 de diciembre, como ocurre en el Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca, que ante ello ha solicitado la ampliación de jornada del secretario y de los funcionarios. Plazos que se alargarán más con las suspensiones por la actual huelga de funcionarios y con las protestas que ya anuncian jueces, fiscales y abogados de oficio.

Son hasta ocho meses más a la espera de juicio que se suman a los retrasos ya consolidados en la administración de Justicia, que también se incrementaron en 2022. El informe elaborado por el juez decano, Juan Rollán, para el TSJCyL incide en el aumento del “volumen de asuntos y de carga de trabajo que ha soportado cada órgano del partido judicial de Salamanca”, lo que supone en el caso de los juzgados de primer instancia “un promedio de entrada de asuntos en torno al 150%” respecto al tope que fija la normativa.

Esto ha conllevado, según el magistrado-juez, “el incremento del tiempo medio de señalamiento que, siendo de una media de unos tres meses desde la presentación de la demanda hace cinco años, ha pasado en 2022 a ser una media de unos cinco meses”, así como dificultades “para proveer la ingente cantidad de escritos que se presentan” y para los magistrados a la hora de “soportar el volumen de asuntos a resolver”.

Un escrito firmado en enero por las dos juezas de Penal de Salamanca insiste también en que “el incremento considerable y progresivo de entrada de asuntos y la complejidad de los mismos, tanto en lo relativo a la materia como en el número de partes implicados en los mismos, genera retrasos en los señalamientos”. De ello se hace eco José Luis Concepción en la memoria para demandar nuevos órganos de justicia en la capital del Tormes.

Pero las sucesivas huelgas agravan más la situación y pronto empezarán a fijarse juicios para 2024, por lo que, ante los paros de funcionarios que se repiten diariamente, el presidente del TSJCyL reclama “al Gobierno la inmediata solución de este nuevo conflicto para que los ciudadanos y los profesionales del derecho no se vean afectados en sus legítimas expectativas”.

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