29 marzo 2020
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Cara y cruz: Salamanca pierde 200 empleados públicos mientras Valladolid suma 570

La pérdida se centra en los docentes, pero también disminuyen las plantillas del Estado y las entidades locales

15 feb 2020 / 12:39 H.

Los últimos datos oficiales del empleo público en Salamanca muestran un importante descenso en comparación con un año antes, tendencia que contrasta con otras provincias de Castilla y León, donde crece, y especialmente con Valladolid, donde el incremento supera el medio millar de trabajadores. Mientras que en Salamanca todas las administraciones pierden plantilla, especialmente en el sector docente no universitario, —solo se salva, precisamente, la Universidad—, en otras provincias de la Comunidad el comportamiento es muy diferente, con un aumento del personal en una o varias instituciones públicas.

El informe elaborado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública refleja los empleados que tenían a su servicio las administraciones a finales de julio de 2019. Salamanca contaba por esas fechas con 23.437, una de las más bajas de la serie histórica de los últimos años en el verano. El descenso en comparación con julio de 2018 es de 209 trabajadores públicos, una cifra repartida entre casi todas las administraciones.

La mayor caída se da entre los docentes no universitarios, con casi 200 menos que un año antes en Salamanca. En el resto de personal de la Junta apenas se registran variaciones, ya que solo había tres trabajadores menos en el ámbito sanitario y otros tres en la suma del resto de consejerías respecto a julio de 2018. En otras administraciones también se registran descensos, aunque no en la cuantía de la Junta. Salamanca contaba a finales de julio con medio centenar menos de efectivos del Estado, mientras que la plantilla de las entidades locales había caído en 31. Solo la Universidad experimentó un aumento de personal, al pasar de 3.219 a 3.286 y mitigó la disminución en el resto de sectores.

La evolución resulta, cuando menos, llamativa porque, a diferencia de los años de crisis económica, ya no están vigentes las medidas tan restrictivas para contratar personal que debían aplicar las administraciones con el objetivo de reducir déficit público. En la mayoría de sectores se permite convocar en los procesos selectivos el 100% de las jubilaciones —cuando había ejercicios en los que solo se podía aprobar el 10%—, e incluso superarlo en casos de necesidad de efectivos. Sin embargo, la pérdida de población de Salamanca juega en contra de fijar y consolidar trabajadores públicos, a lo que se suma el proceso de concentración de servicios que está llevando a cabo la Junta en Valladolid.

El contraste con la provincia vallisoletana salta a la vista. El número de empleados públicos aumentó en 571 durante el último año de estudio, por lo que el total alcanzó los 35.202. Una subida significativa y que lidera la Administración regional, al experimentar un incremento de 383 efectivos en Valladolid. En el resto de provincias, solo la plantilla de la Junta en Burgos y León tiene un comportamiento positivo, pero muy lejos de los resultados de Valladolid, ya que los incrementos en estos casos son de solo unas decenas.

El proceso de concentración en Valladolid puesto en marcha por la Junta continuó de julio de 2018 a 2019, a la vista de los resultados. La provincia vallisoletana, además, sumó trabajadores públicos en las entidades locales, a diferencia de lo ocurrido en Salamanca. Un hecho facilitado porque, a diferencia de la provincia salmantina, la mayoría de localidades vallisoletanas no tienen problemas de despoblación.

León, Zamora y Segovia ganan. En el conjunto de las administraciones públicas, el balance en el resto de provincias es dispar. Además de Valladolid, hay otras tres que en el último año de estudio ganaron personal al servicio de instituciones públicas. Se trata de León, que acabó con 95 empleados más para un total de 29.800, mientras que Zamora llegó hasta los 10.912 tras un aumento de 34. Segovia experimentó un crecimiento de 30, hasta los 11.774. En el resto de casos se registraron descensos. El más cuantioso es el de Ávila, con 275 trabajadores menos que en julio de 2018 —10.692—; Soria, con un descenso de 137 empleados públicos —7.958—; Burgos, con 94 menos —22.638—; y Palencia, con una bajada de 21 —10.601—.

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