22 septiembre 2019
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Aluvión de críticas a instalar cámaras en las aulas para evitar abusos

Padres y sindicatos cuestionan la legalidad por la protección de datos de menores y tachan la sugerencia de la Fiscalía de “inútil y absurda”

10 sep 2019 / 22:21 H.

La sugerencia planteada por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de grabar en aulas y despachos para evitar abusos sexuales a menores y entre menores en el entorno educativo no convence ni a padres ni a profesores.

Desde el ámbito docente, el sindicato Csif en Salamanca califica la idea de “disparate”. “Se vulneraría la intimidad de niños, padres, profesores, personal de limpieza... No se debería plantear como algo generalista sino salvo cuando un juez lo decrete porque haya indicios de que se ha cometido un abuso o delito”, señala Federico Martín, presidente provincial de Csif, que aboga por “más profesorado en las aulas formado en igualdad, en evitar conflictos, mediar y evitar abusos” así como “por una educación individualizada y cercana que permita prevenir estas conductas”.

Igualmente, Nicolás Ávila, presidente provincial del sindicato Anpe, cuestiona la legalidad de instalar cámaras en aulas “por la protección de datos de menores”. “El certificado de delitos sexuales existe y la administración puede recabar datos sobre este tema del profesorado”, recuerda Ávila que se pregunta si estas cámaras no van a suponer un “control riguroso del profesor”.”¿Dónde está la libertad de cátedra? Con una grabación se puede sacar de contexto cualquier situación por intereses de otro tipo”, advierte.

Tanto Anpe como Csif coinciden en una cosa: “en un aula es muy complicado que se produzca un abuso porque hay mucha gente presente y a priori las cámaras no servirían de nada”. La Fiscalía sugiere la videovigilancia para proteger al profesor en caso de denuncias falsas, pero Nicolás Ávila señala que para eso “ya está la investigación”.

Por su parte, desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) de Salamanca se califica la propuesta de la Fiscalía de “inútil y absurda”. “No nos parece una solución porque al final es poner el foco en una situación, pero no se establecen estructuras de seguridad para los menores”, critica Soledad Alegre, presidenta de Fedampa, que exige “estructuras en las que los niños se sientan seguros y herramientas educativas para que sepan defenderse, comentar y denunciar situaciones de abuso sexual o agresión a través de canales seguros”. “Al final la situación de peligro no sólo está ahí en el aula o el despacho, sino en muchos contextos y no podemos tener un ojo vigilándolo todo”, agrega Alegre.

También el presidente de Escuelas Católicas, José María Alvira, considera que las cámaras “no son la solución”. “Un aula no es un sitio en el que se cometen estos delitos. La alternativa es formación y educación”, señala.

Desde el Gobierno, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, califica de “terrible” la posibilidad de instalar cámaras y aseguró que con ello se estaría poniendo en los centros “un ‘gran hermano’ permanente”. También la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, reconoce que “es un poco pronto” para aplicar la sugerencia de Fiscalía.