ENERGÍA

Propietarios de trasteros y cocheras, los "expulsados" del bono social eléctrico

Los expertos calculan que el 72% de los beneficiarios del antiguo bono lo eran por baja potencia, sin demostrar que era su vivienda

10.01.2019 | 19:47
Varios trasteros.

Los criterios para adherirse al anterior bono social eléctrico presentaban una brecha por donde se colaban beneficiarios de contratos para cocheras, trasteros o segundas viviendas, que ahora se han quedado fuera de los descuentos en la factura. El problema se originó al establecerse que se tendría derecho a beneficiarse del bono social cuando la potencia contratada en la vivienda habitual fuese inferior a 3kW (sin atender a ningún criterio económico ni de situación de vulnerabilidad). Según los expertos, este punto motivó que el 72% de los beneficiarios del antiguo bono social lo fueran por esta causa.

Si bien es cierto que aunque tener contratada una potencia reducida puede ser, en ciertos casos, un indicador de bajo nivel de renta, la verdad es que en la mayor parte se trata de consumidores cuyo nivel de renta no justificaría la aplicación de una medida asistencial como es el bono social.

Casos que incorrectamente consta como vivienda habitual, pero se trata de contratos de trasteros, garajes y cocheras o segundas viviendas vacacionales. Hay que recordar que en julio del 2009 se dieron en automático los bonos sociales a la mayoría de estos suministros y, por ello, no tuvieron que presentar ningún documento (como el certificado de empadronamiento) acreditando el uso como primera vivienda.
Pero también se admitían como beneficiarios los dueños de viviendas habituales donde la calefacción, el agua caliente sanitaria o la cocina utilizan el gas natural u otra energía diferente a la electricidad, lo que les permitía contratar una potencia más baja, además de hogares en los que la potencia está mal informada en los contratos (no es real).

Por otro lado, cabe destacar que aún pueden quedar fuera hogares que no han vuelto a solicitar el bono social, ya que era requisito imprescindible volver a pedirlo en las oficinas de las eléctricas autorizadas. La situación es factible, aunque el Gobierno concedió en octubre de 2017 un periodo transitorio de tres meses para aplicar los descuentos con carácter retroactivo. Las solicitudes que pueden seguir presentándose si los consumidores reúnen los requisitos.

Otro de los puntos positivos de la nueva norma es la protección de los consumidores en riesgo de exclusión, en los que el titular del contrato debe cumplir con los requisitos para ser considerado vulnerable severo y, además, ser atendido por los servicios sociales de una Administración Pública que financien al menos el 50% del importe de su factura.

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