SEGURIDAD

Los colegios refuerzan su seguridad: el de Buenos Aires, el primero con cámaras para evitar robos y okupas

La Dirección Provincial de Educación ha tomado esta decisión excepcional después de que un individuo se colara varias veces en el centro

07.04.2018 | 04:45
Imagen superpuesta de las cámaras en el colegio.

Las reiteradas entradas de un okupa en el colegio público Gabriel Martín del barrio de Buenos Aires han hecho que la Dirección Provincial de Educación tome una medida excepcional. Desde hace unos días el centro cuenta con una serie de cámaras de videovigilancia que controlan su perímetro exterior. Están adosadas a la fachada del edificio y graban todo lo que ocurre en el patio del centro y a las personas que acceden a sus instalaciones. Desde la Dirección Provincial de Educación aseguran que se trata de una decisión extraordinaria a raíz de una "situación especial" como ha sido la presencia de un okupa en la cubierta del centro. De hecho ningún colegio público de la ciudad cuenta con cámaras de videovigilancia al no haber sufrido ningún episodio de esta gravedad. La decisión ha sido coordinada con el Ayuntamiento de Salamanca, puesto que el edificio es de titularidad municipal.

El órgano dependiente de la Junta de Castilla y León insiste en que la Ley de Protección de Datos no permite la instalación de cámaras en las aulas de los centros escolares, pero sí en el recinto exterior como es el caso.

Antes de la colocación del sistema de videovigilancia, Educación procedió el pasado 12 de marzo a tapar el hueco del tejado del centro por el que había entrado el okupa, el leonés José Manuel Fuente Méndez. Con estas dos medidas se busca evitar futuras entradas de individuos así y también que se produzcan robos en el centro.

El pasado mes de febrero, Fuente Méndez fue "cazado" en el interior del centro después de llegar al techo del edificio tras colocar una escalera de ocho metros en la fachada. Se aprovechó de la existencia de varias tejas sueltas para acceder a su escondrijo en la cubierta. Se trata de un individuo de 50 años que en 1989 fue condenado a trece años de prisión por matar a su padre y, en 2002, a nueve años por el envío masivo de las denominadas cajetillas bombas.

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