MUNICIPAL

La juez obliga a mutilar el mural del Salón de Plenos del Consistorio para retirar la imagen de Franco

Insiste en que el Ayuntamiento revoque el título de Alcalde Honor al dictador aunque ese honor lo posee ahora el Rey Juan Carlos

07.11.2017 | 04:45
Imagen del mural en el salón de plenos.

Medio año después de la retirada del medallón de Franco de la Plaza Mayor, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Salamanca obliga en una nueva sentencia a mutilar el mural histórico que Ramón Melero diseñó en 1962 para decorar el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salamanca. A diferencia de lo que ocurrió con el medallón en la que el juez consultó a la Comisión Territorial de Patrimonio el valor artístico de la obra, a esta magistrada "no le tiembla el pulso" al rubricar un fallo que ordena "eliminar las imágenes o atributos franquistas, respetando el resto del lienzo". Es decir, que se suprima el rostro de Francisco Franco que aparece enmarcado por una especie de vitor en una obra en la que se hace un recorrido de hechos históricos ocurridos en la ciudad desde la época de Felipe II hasta 1962, como el matrimonio del monarca con María Manuela de Portugal, la gran crecida del Tormes de 1626, el advenimiento de Felipe V, personajes de la Guerra de la Independencia y Miguel de Unamuno.

Pero la sentencia no acaba ahí. Ante el recurso interpuesto por el concejal mirobrigense de Izquierda Unida a título personal -ya que la formación a la que representa ya se dio por satisfecha en julio tras medidas adoptadas por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica-, la magistrada también fija la revocación del título de Alcalde de Honor a Franco. El letrado del Consistorio justificó que se trata de un honor "vitalicio que se extingue con la muerte y que no puede ocuparse al mismo tiempo por dos personas", con lo que el dictador ya no lo poseería puesto que, además de haber fallecido, el 5 de abril de 1982 se le concedió al Rey Juan Carlos I. Aún así y alegando que si una norma impone algo ha de llevarse a cabo con independencia de, por ejemplo, los gastos o inconvenientes que su aplicación pueda suponer, la magistrada insiste en que el Consistorio debe revocar el titulo igualmente.

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