13 noviembre 2019
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Los problemas para reducir las casas ruinosas en la provincia

Las medidas que han puesto en marcha los ayuntamientos han paliado algunos casos pero no acaban con esta situación

Béjar /
09 nov 2019 / 21:46 H.

Las medidas puestas en marcha por los ayuntamientos de la provincia para combatir los edificios en riesgo de ruina han conseguido reducir los problemas, sobre todo en los grandes municipios, pero no han podido terminar aún con los problemas en muchos de estos inmuebles.

Localidades como Guijuelo y Béjar lideran en los últimos años las medidas en esta materia, ya que, entre ambas localidades, han sido más de un centenar los expedientes de ruina abiertos y resueltos de diferente manera. Así, Guijuelo ha ejecutado en una década un total de 58 expedientes, mientras que en Béjar han sido 46 desde el año 2008. En otros grandes municipios no hay tanto expediente de ruina, pero sí problemas con algunos de los edificios. En Peñaranda, por ejemplo, a día de hoy, hay un expediente de derribo y restitución en la calle Nuestra Señora y ya se ejecutaron los de las calles Santa Apolonia y San Luis.

En el caso de Ciudad Rodrigo no hay abierto ninguno y en los últimos años, tampoco. Sí se recogió en el Plan Especial aprobado el año pasado una relación de edificios en mal estado.

Los verdaderos problemas suelen darse en edificios de varios propietarios, cuyas reparaciones son caras para el valor que pueda tener el edificio. Además, los pueblos más pequeños y despoblados son los que sufren mayores problemas a la hora de declarar de forma legal expedientes de ruina por lo largo y farragoso del proceso. Y es que se trata de localizar al propietario o propietarios, realizarles la notificación pertinente y, en caso de que no respondan, publicar el expediente en un proceso de información pública. Si tampoco hay respuesta en este punto, el Ayuntamiento afectado tendría que ejercer la demolición subsidiaria como solución más inminente para evitar los posibles derrumbes. En Béjar, por ejemplo, llegaron a presupuestarse partidas anuales de 100.000 euros para afrontar estas contingencias con seguridad y legalidad.

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