20 febrero 2020
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El Procurador del Común amenaza con llevar a Fiscalía a estas dos localidades salmantinas

Se trata de denuncias presentadas por dos vecinos a los ayuntamientos

14 feb 2020 / 10:13 H.

El Procurador del Común ha advertido a los ayuntamientos salmantinos de Lagunilla y Cabrerizos de la responsabilidad penal a la que se pueden enfrentar por no remitir la información requerida hasta en dos ocasiones por las denuncias presentadas por los vecinos. Concretamente, el Procurador del Común señala que puede llevar este tipo de casos al Ministerio Público si no se cumple con la obligación de facilitar la documentación solicitada.

En el caso de Cabrerizos el 11 de octubre del pasado año el Procurador del Común solicitaba por primera vez la información al Consistorio referente a la responsabilidad patrimonial requerida por un conductor que sufrió daños en su vehículo como consecuencia de unos supuestos desperfectos en la calzada. El 10 de diciembre y el 30 de enero de este año volvía a solicitar dicha información al Ayuntamiento que ahora se enfrenta a una posible responsabilidad penal por no enviar la documentación requerida.

En este sentido la alcaldesa de Cabrerizos, Lourdes Villoria, no quiso aventurarse a hablar sobre el asunto por no estar segura completamente de qué tema se trata al que hace referencia el Procurador, “además es un asunto administrativo y aunque yo soy la alcaldesa es el secretario el que debe enviar la información”. Aun así, lo único que ha podido asegurar es que hoy hará las gestiones oportunas y llamará al Procurador del Común para que le ponga al corriente del caso e intentar aportar los documentos requeridos y dar solución a este asunto.

En el caso de la localidad de Lagunilla, en la comarca de Béjar, la disputa ha surgido en la travesía del municipio. Una elevación del terreno de la vía pública ha motivado el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y un vecino particular. Al parecer, la elevación del firme ha dejado los acceso a la vivienda 45 centímetros más bajos que la calle y, por tanto, en opinión de los afectados “han dejado tres accesos inutilizados”. Por el contrario, el Ayuntamiento ha afirmado que la obra de la travesía es correcta ya que la rampa comenzó a construirse en vía pública “sin autorización de Ayuntamiento y Diputación”.

Así las cosas, el problema fue trasladado al Procurador del Común que, hasta en tres ocasiones, ha solicitado información al Consistorio. La primera petición fue el 16 de octubre y, posteriormente, la localidad recibió dos apercibimientos más el 17 de diciembre y la pasada semana, el 4 de febrero. En este sentido, el alcalde, José María Garrido, ha explicado que el Consistorio está trabajando para remitir la documentación para desbloquear la tramitación del expediente.