05 marzo 2021
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El problema de la multipropiedad en Béjar

La tramitación de un expediente de ruina se enfrenta a serias dificultades a la hora de localizar a herederos, que no suelen ponerse de acuerdo para actuar en la finca

Béjar /

La tramitación de un expediente de ruina es uno de los problemas más complicados a los que se enfrentan las administraciones locales debido a que la finca objeto del informe suele ser de varios propietarios.

Una de las situaciones que se plantea es el fallecimiento de los legítimos propietarios, que abre el proceso de herencia entre los herederos. Suelen ser hijos, sobrinos o nietos que reciben ese inmueble como herencia con las obligaciones que ello conlleva. En otros casos, el dueño del inmueble, por su avanzada edad, es trasladado a una residencia y la vivienda se cierra iniciándose así el proceso de olvido y abandono. Y, en cuanto a la propiedad, también cabe el embargo por parte de una entidad bancaria, que a veces también se despreocupa de la finca embargada.

En cualquiera de los primeros dos casos, los herederos no suelen ponerse de acuerdo sobre las medidas a ejecutar para conservar el edificio y, también, ocurre que carecen de liquidez para asumir la fuerte inversión que requiere sustituir cubiertas, impermeabilizar fachadas o consolidar estructuras exteriores con riesgo de desplome, entre otras mejoras posibles. Aunque existen ayudas para tal fin, los solicitantes siempre están obligados a aportar una parte, ya sea el 15 o el 30 por ciento, pero el alto coste de la inversión echa para atrás el plan de rehabilitación.

Llegados a la situación de la falta de acuerdo para actuar en el edificio o descartarlo por el excesivo coste, algunas familias han optado en Béjar por ceder el inmueble al Consistorio. Así, la administración municipal asume el coste del derribo para, después, destinar el solar resultante como lugar de utilidad pública.

Otra situación distinta se produce cuando los propietarios o herederos se desentienden del edificio pese a los requerimientos municipales en casos con evidente riesgo de desprendimientos hacia la vía pública para riesgo de los viandantes. En ese caso, el Ayuntamiento asume el coste del derribo y repercute el consiguiente gasto en los dueños aunque se enfrenta a verdaderas trabas para recuperar el dinero invertir en la demolición.

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