24 octubre 2020
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El Gobierno rectifica e incluye a los pueblos del Alto Tormes para concederles ayudas por la riada

Puente del Congosto y Cespedosa de Tormes, entre los municipios afectados por la crecida del río. Los daños superan los 100.000 euros

Los ayuntamientos de Puente del Congosto y Cespedosa de Tormes han recibido con satisfacción la rectificación del Gobierno que permite incluir a los municipios del Alto Tormes afectados por la riada de diciembre de 2019 dentro de la relación de ayudas estatales para paliar los daños producidos.

El Consejo de Ministros del martes aprobaba esa inclusión junto con los daños causados por los incendios en las islas Canarias a finales de febrero de 2020. Desde el Gobierno y, más en concreto, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no se realiza un desglose de las ayudas que corresponderán a cada zona y sólo se indica el montante total, que asciende a 111.424,15 euros (el 50% de la relación de daños provocados en ambas zonas). Esa será la cuantía que tendrán que repartirse los municipios salmantinos afectados por la riada y los canarios afectados por el fuego y el viento.

Desde Puente del Congosto, su alcalde, Ángel Rosado, se mostraba satisfecho por haber conseguido finalmente las ayudas, que en su municipio podrían alcanzar los 20.000 euros (la relación de daños asciende a 40.000 euros, incluyendo los daños de la entidad local menor de Bercimuelle). También el Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes agradeció ayer las gestiones realizadas desde la Subdelegación para conseguir la inclusión del Alto Tormes en la relación de daños. En su caso, según confirmaba ayer su alcalde, Ángel Mesón, los daños superan los 60.000 euros ya que, además de las captaciones, también se vieron afectados caminos, entre otras infraestructuras. Entre ambos municipios se superan, por tanto, los 100.000 euros en daños por lo que esperan recuperar en ayudas algo más de 50.000 (la subvención alcanza la mitad de las reparaciones justificadas).

Las ayudas concedidas se destinan a administraciones públicas con el objetivo de ayudar a paliar el impacto económico en la reparación de infraestructuras públicas.

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