24 mayo 2019
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La Justicia anula que las explotaciones ganaderas intensivas puedan abrir sin licencia

La Junta ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

17 may 2019 / 19:11 H.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha anunciado que la Administración recurrirá la sentencia sobre las licencias ambientales a explotaciones ganaderas intensivas y defiende que el fin del Decreto que regula esta cuestión era “simplificar trámites”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno De Santiago-Juárez ha recordado que la reducción de burocracia se aprobó a través de un Decreto en febrero de 2018 con el fin de facilitar los trámites, lo que llevó a cambiar la licencia de autorización por una comunicación formal del empresario que posteriormente sería certificada por la Administración, algo que se aplicó en muchos sectores.

De este modo, ha reseñado que la sentencia del TSJCYL de anular la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas se refiere a explotaciones “pequeñas” y “no invasivas”.

“No tiene nada que ver con las grandes explotaciones”, ha defendido De Santiago-Juárez, quien ha reconocido que tras el recurso la decisión ahora está en manos de la justicia.

En todo caso, esta regulación afecta a las explotaciones ganaderas pequeñas y no invasivas y no a grandes explotaciones, como ayer apuntaron desde Ecologistas en Acción. Los ecologistas explicaron que esa resolución judicial obligará a legalizar su situación a las que hayan abierto el último año.

Según ha explicado Ecologistas en Acción a través de un comunicado de prensa, este fallo significa que “cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves” no se podrán ubicar en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, “que era lo que pretendía la Junta”, advierte Ecologistas en Acción.

De hecho, asegura este colectivo, todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en el último año deberán legalizar su situación, “correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los gastos ocasionados a la Junta de Castilla y León como responsable de la regulación ahora ilegal”.

En concreto, la sentencia, con fecha de 11 de abril, declara que no es posible modificar por Decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León ya que el Consejo de Gobierno invadía la competencia legislativa “exclusiva” del Parlamento autonómico.