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Me dicen -no sé si creérmelo- que la gente ha vuelto a la frontera portuguesa a comprar mantas para pasar el invierno. Puede que sea una exageración, pero durante estas últimas semanas las comunidades de vecinos con calefacción central se han reunido más veces que en la última década para ver de qué manera afrontan los próximos meses.

La situación no pinta nada bien por mucho que el Gobierno quiera maquillarla.

Pues bien, inmersos en esta más que evidente crisis económica, los salmantinos que vivimos en la capital vamos a soltar casi 800.000 euros que no estaban previstos en los presupuestos municipales. No es que nos los vaya a pedir el alcalde ahora, no. La cuestión es que se van a destinar a un par de cosas que no deberíamos pagar nosotros.

Por un lado, está la “paguilla” del 1,5% para los funcionarios, que el Ayuntamiento ha dicho va abonarles antes de que termine el año. No digo que los servidores públicos municipales no merezcan un aumento de sueldo, sobre todo, con la inflación galopante que estamos sufriendo. Dios me libre. Pero no es de recibo que se haga porque al presidente del Gobierno le guste alardear de haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para que todos los funcionarios sin excepción consigan un incremento salarial. Y todo ello sin tener en cuenta ni a las administraciones autonómicas ni a las locales. Es decir, “yo invito, tú pagas”.

El Ayuntamiento de Salamanca está bastante saneado -la oposición critica a todas horas su famoso superávit- y no va a tener problemas para hacer frente a los 550.000 euros que irán a parar a los bolsillos de una plantilla municipal con más de mil empleados. Seguro que lo agradecen estas navidades.

Imaginen, sin embargo, cómo lo estarán pasando otras administraciones más manirrotas o con herencias envenenadas que no tendrán más remedio que acogerse a la moratoria que ha ofrecido el Gobierno para que el abono de esa “paguilla” pueda demorarse hasta el 31 de marzo del próximo año.

Parece más lógico que sea la propia Corporación municipal, a la que votamos todos cada cuatro años, la que negocie con los sindicatos de los funcionarios municipales locales los aumentos o las congelaciones de sueldo en función de la situación económica general y también particular del propio Ayuntamiento.

Pero además vamos a adelantar un dinero -exactamente 228.500 euros- por haber convertido el Multiusos en un “vacunódromo” durante los meses de pandemia. Esa es la cantidad que la empresa concesionaria del recinto reclama al Ayuntamiento, es decir, a todos nosotros, en compensación por no poder usar el recinto, dado que se estaba vacunando al personal, y por los gastos de electricidad, calefacción, vigilancia o limpieza. Total, 749 euros al día.

Lo cierto es que este pabellón municipal se cedió a la Junta de Castilla y León para que instalara allí sus reales y se pusiera a salvar vidas como si no hubiera un mañana. Pero de momento nada se sabe de si el Sacyl tiene intención de abonar esta cantidad. En Valladolid lo tuvieron fácil. Las vacunas se inocularon masivamente en el centro Miguel Delibes, propiedad de la Junta. Pero aquí, en Salamanca, puede originarse un conflicto. Cómo lo habrá visto el interventor municipal que en un reciente informe ha señalado que “en la medida de los posible” el Ayuntamiento de Salamanca debería exigir a la Junta de Castilla y León el resarcimiento de esos gastos. No vaya a ser que se vuelva a producir el “yo invito, tú pagas”. Y, hombre, invitar a dos rondas sería un exceso en estos momentos.

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