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El Hospital de Salamanca se ha quedado -al menos a corto plazo- sin la ansiada Unidad de Reproducción Asistida en la que poder atender cada año a las cerca de 200 mujeres que desean ser madres -no parece mal deseo-, pero no lo consiguen.

El equipo de Ginecología quería y -dicen- podía. La dirección del Hospital también estaba por la labor. Y algo me dice que la Consejería de Sanidad tampoco encontraba especial impedimento en concederlo, pero... en este país lo peor que te puede pasar es que te apoye la oposición.

Si alguna vez necesitas el permiso de los políticos para emprender algún tipo de iniciativa, asegúrate de tratarlo directamente con los que mandan, o como mínimo evita convertirte en un arma política, porque de lo contrario tendrás el ‘no’ garantizado. No nos engañemos, esto pasa aquí, en el resto de comunidades y en el Congreso de los Diputados.

El caso es que la Junta de Castilla y León le ha dicho que ‘no’ a Salamanca, y lo ha hecho a dos voces: la de Vox y la del PP.

La del Partido Popular es una respuesta con tablas. De manual de ‘Cómo tirar por tierra las PNL que presenten desde la oposición’.

Dijo el salmantino Chema Sánchez que, al igual que Salamanca es referente en muchos ámbitos de investigación, Valladolid también tiene sus puntos fuertes y por eso es conveniente centralizar y reforzar las unidades de referencia, en lugar de diversificar la actividad y perder experiencia. Personalmente no estoy de acuerdo y además le podría enumerar una serie de ejemplos en los que Sacyl hace exactamente lo contrario, pero al menos hay que reconocerle cierta coherencia en la excusa. Es mentira, pero es una trola con dignidad.

Sin embargo, al portavoz de Vox le plantaron en la mesa -imagino que desde Madrid- una perorata que tenía que leer sin que le entrara la risa. No era tarea fácil: tenía que justificar por qué Castilla y León no necesita otra Unidad de Reproducción Asistida en Salamanca y terminó diciendo -entre líneas- que en realidad habría que cargarse las ya existentes en Valladolid.

Fue un discurso retorcido que se remontó a leyes de los 80 y 90 sobre los derechos del niño a tener una familia, para llegar a la conclusión de que los donantes de semen u óvulos deberían tener algún tipo de responsabilidad sobre los bebés que ayudan a engendrar. Y puso el curioso ejemplo de qué sucedería si una pareja tiene un bebé mediante reproducción asistida y al cabo de un tiempo fallecen los padres. Al parecer, a Vox le parecería más justo que aquel hombre que donó semen en una clínica se hiciera cargo del bebé ‘huérfano’, o le pasara algún tipo de pensión.

Me dicen que quienes participaron en la comisión de Sanidad de ayer se miraban con ojos incrédulos para confirmar si estaban oyendo bien.

En el pacto programático para el Gobierno de la Junta, Vox insistió en incluir medidas para el fomento de la natalidad en la Comunidad.

Hace unos meses se armó una importante polémica por el plan fantasma anti-abortista. La Junta luego aclaró que disuadir las posibles interrupciones de embarazo no formaba parte del famoso plan para el fomento de la natalidad.

Ahora vemos que en el ideario de Vox para aumentar la natalidad tampoco se contempla ‘ayudar’ a esas mujeres que quieren ser madres, pero no lo consiguen por la vía convencional y requieren de la ciencia.

Cuando detallen su batería de medidas quizás nos encontremos con alfileres para pinchar condones, pastillas anticonceptivas caducadas o botellas de vino ‘Tierra de Castilla y León’ para levantar los ánimos de pareja. Y a la que Dios no le haya dado el ‘don’, que se fastidie.

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