28 mayo 2020
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Mentiras y bandazos

29 mar 2020 / 03:00 H.

N UNCA dejará de sorprendernos la increíble capacidad de este Gobierno para mentirnos a la cara. Reconozcamos que no es fácil mentir tanto a tantos durante tanto tiempo, sin que se subleve el pueblo y proceda a quemar el complejo de La Moncloa. Debe de ser que los españoles ya tenemos asumido eso de que los políticos mienten por sistema (es falso, la mayoría intentan decir la verdad y algunos, a lo sumo, no la cuentan toda cuando no les conviene) y por eso a Pedro Sánchez y a sus ministros la ristra de trolas con la que nos vienen castigando desde que aterrizaron en el poder les sigue saliendo gratis.

En otras circunstancias, los embustes del sanchismo rampante podríamos considerarlos pecadillos veniales, defectos ligados al ejercicio del poder, trucos de feria para ocultar meteduras de pata o para apuntarse falsos logros. Pero cuando lo que nos jugamos es la vida, las vidas de miles de españoles, y está en peligro la salvación de una economía abocada al desastre, hay patrañas que no se pueden ni se deben perdonar, que deberían acarrear censuras y dimisiones.

La esperpéntica compra de más de medio millón de test defectuosos constituye uno de estos ‘puntos de no retorno’ en la deriva hacia la debacle de un Gobierno sin rumbo ni timonel.

Los miembros del equipo de Sánchez no solo han provocado con su desacierto el que miles de españoles corran más peligro por no poder ser diagnosticados, sino que han mentido como cosacos sin que se les arrugue una miaja el rictus. Primero dijeron que eran 9.000 los aparatos defectuosos, luego ya reconocieron que la fenomenal estafa afectaba a 60.000 piezas y al final el ministro filósofo de Sanidad tuvo que admitir que los test de pacotilla son en realidad todos los que habían comprado, los 650.000 que habrá que devolver a los chinos porque nos han engañado como a ídem.

El descontrol, la descoordinación y el espectáculo de un Gobierno convertido en camarote de los hermanos Marx esta vez cuesta vidas. Las de los sanitarios, policías y militares que están en primera línea de fuego contra el coronavirus y que siguen sin recibir el necesario material de protección. Y aquí conviene recordar a esos jueces que se han lanzado a la yugular de la Consejería de Sanidad, dándole 24 horas para proteger al personal sanitario de Salamanca y de otras provincias de Castilla y León, que la Junta en estos momentos está intervenida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que si el Gobierno central no compra y reparte las mascarillas, guantes y demás componentes del equipo de protección, a quien habría que meter entre rejas es a Pedro Sánchez y a su ministro Illa, no a Verónica Casado.

Lo de Sánchez entre rejas no es ningún disparate. El pasado viernes el Tribunal Supremo recibió una denuncia contra el presidente del Gobierno por presuntos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional al permitir las coronavíricas manifestaciones del 8 de marzo. En otros ámbitos judiciales se ha denunciado a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas donde se celebraron las concentraciones. No está por tanto muy claro quiénes son los responsables, lo que cada día parece más evidente es que fue una temeridad delictiva el alentar a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas a compartir virus cuando el Ejecutivo de la nación tenía perfecto conocimiento de la expansión sin control de la pandemia.

Mientras tanto, Sánchez definitivamente no sabe cómo atajar la pandemia. Ahora decide endurecer el confinamiento y prohibir todas las actividades no esenciales, sin realizar test masivos porque no logra comprarlos. Da la impresión de actuar como un pollo sin cabeza, dando bandazos e improvisando medidas más duras pese a seguir diciendo que estamos al final de la curva ascendente. Y no asume su responsabilidad sino que se la traspasa a la Unión Europea porque no le aprueba los ‘coronabonos’. La culpa será de Países Bajos o Alemania. Ya lo verán.