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Justo ahora que pensábamos que estamos tan curados de espanto que nada en el mundo de la política podía asombrarnos, tropezamos con la noticia de que los miembros de un determinado partido político (o mejor dicho, los miembros de dos determinados partidos políticos), piden la dimisión de un colega de la oposición, por incoherencia política. Es decir, por lo que seguramente mejor define a todos y cada uno de nuestros políticos.

No es ninguna broma. El hecho ha sucedido para más inri, en nuestra ciudad, concretamente el pasado viernes en un pleno celebrado en la Diputación de Salamanca. Como parece que no tienen ningún problema importante del que ocuparse, los miembros del PP y de Ciudadanos, aprobaron nada más y nada menos que la petición de dimisión del presidente del Gobierno, del presidente del Senado y del secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, este último, mucho ojo al dato, por incoherencia política. Al parecer, Pablos había pedido la dimisión por plagio del director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta, Bienvenido Mena, pero no la de Sánchez ni la de Manuel Cruz, a los que como al anterior, se les había pillado entretenidos en el vicio de hacer pasar por propios ciertos trabajos ajenos.

¿Ustedes se imaginan que ahora en justa contrapartida los miembros del PSOE pidieran la dimisión de estos miembros del PP y de Ciudadanos por la misma razón? No me negarán que no hay poca incoherencia política en los miembros de un organismo, en este caso la Diputación de Salamanca, elegidos y pagados para gestionar los problemas reales existentes en nuestra provincia y sin embargo entretenidos en este inútil cachondeo y compadreo, completamente ajeno a sus auténticas competencias, de pedir las más dispares dimisiones.

Eso sin tener en cuenta que algunos de esos miembros, concretamente los de Ciudadanos, pertenecen a un partido que nació precisamente recogiendo como una de las ideas esenciales de su programa, la supresión de todas las diputaciones provinciales argumentando que su existencia no tiene sentido por la duplicidad de funciones y por el alto gasto que su mantenimiento supone para todos los españoles ¿Cabe mayor incoherencia política que estén tranquilamente cobrando de un organismo como la Diputación de Salamanca?

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