La otra manifestación

Pero allí, entre las ruinas egipcias, estaban los convencidos, los que si hoy hubiera elecciones no tendrían ninguna duda de a quién votar, los que incluso se disgustaron cuando escucharon que, a apenas cuatrocientos metros de donde estaban ellos, frente a la sede socialista de la calle Ferraz, los jovencitos de Vox andaban haciéndole la campaña a Sánchez con sus actos violentos.

Una hora antes de que Feijóo y Ayuso se subieran al estrado, tampoco muy lejos de allí, en la plaza de España, miles de autónomos clamaron contra la asfixia a la que están siendo sometidos por el Gobierno.

Habían sido convocados en las principales ciudades de España por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, un movimiento de reciente creación sin afiliación política. De Alicante a Santiago de Compostela, de Barcelona a Sevilla, de Bilbao a Málaga, de Ceuta a Gran Canaria, veintidós plazas escucharon el grito ahogado de quienes sienten que les están exprimiendo como a un limón. Al igual que en el resto del país, en Salamanca la mayoría de los manifestantes vestían de negro, en señal de luto por los negocios que cierran, y con un guante rojo en la mano derecha para dar fe de la sangría económica que los masacra. Casi dos mil se plantaron en la plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno, para exigir menos cargas fiscales y más protección social. Algunos habían venido de otros puntos de la comunidad autónoma, porque Salamanca fue la única provincia de Castilla y León en sumarse a esta iniciativa. Allí había hosteleros, agricultores, artesanos, repartidores, todos ellos trabajadores por cuenta propia a los que cada vez cuesta más llegar a fin de mes.

Nadie les pidió el carné. A saber a quién votan en las próximas elecciones. Pero les unía un mismo interés: superar la precariedad a la que les han abocado los diferentes gobiernos.

En el país de las «paguitas», en la España de las subidas de sueldo a pensionistas y funcionarios en vísperas de elecciones, los autónomos no reclaman nada extraño. Buscan mejoras para su colectivo que ya se aplican en otros países europeos. Solicitan cuotas ajustadas a los ingresos reales mensuales, la exención del IVA para quienes no superan los 85.000 euros de facturación anual, la reforma integral del cese de actividad, la sustitución por baja médica o por cuidado de un familiar con cotización reducida, una protección social equivalente a la de un asalariado, la simplificación de la burocracia, la libertad de pago en efectivo... Vamos, cierta dignidad para un sector que es, sin duda, uno de los pilares de la economía.

Y si ya estaban maltratados, el Gobierno de Pedro Sánchez, en su afán recaudador sin medida, quería subirles las cuotas progresivamente hasta 2031. La España que va como un cohete quería hacerlo a costa de quien se juega sus habichuelas cada día que levanta la trapa de su negocio. Se acordarán de ellos y lo que les hicieron en los próximos comicios.