Una reforma innecesaria e inmoral

El pasado viernes LA GACETA publicaba un artículo del profesor de derecho penal, Eduardo Fabián Caparrós, sobre la polémica reforma legal que ahorrará centenares de años de cárcel a algunos de los terroristas más sanguinarios de ETA. El autor defendía que la iniciativa se tomaba en defensa de «las garantías constitucionales más elementales», e incluso desentrañaba la intención del gobierno: «Nadie pretende otorgar salidas prematuras de prisión, ni rebajar penas, solo ajustarlas a lo que debieron ser desde el principio». El que no vea así esta cuestión, venía a decir, es porque antepone la pasión a la a las exigencias del Estado de Derecho. A pesar de ello, voy a intentar demostrar en estas líneas que la razón y la repugnancia absoluta por la medida que se pretende aprobar pueden ser compatibles a la hora de rebatir sus argumentos.

Las normas se han de interpretar según el sentido de sus palabras, pero también en relación con el contexto, los antecedentes, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Vayamos por partes.

El contexto en el que surge esta medida ventajosa para algunos etarras viene irremediablemente marcado por la política criminal de un gobierno al que hemos visto modificar el Código Penal, conceder indultos y aprobar una amnistía, beneficiando a sus socios parlamentarios, los independentistas catalanes. La lógica más elemental nos lleva a pensar que la situación se repite esta vez con otro de los socios del PSOE, Bildu, un partido que se identifica explícitamente con los terroristas, entre otras cosas porque su líder lo fue. El propio Otegui afirma que «tenemos 200 presos en la cárcel».

Además, esta controvertida medida no es aislada, sino que forma parte de una política a favor de los presos de ETA diseñada por su plataforma de apoyo y asumida por el gobierno de Sánchez. Se eliminó la política de dispersión para ubicar a todos los terroristas en las cárceles del País Vasco y Navarra como paso previo a la cesión de las competencias en prisiones al gobierno vasco en octubre de 2021. La nueva administración penitenciaria vasca ha establecido un nuevo paradigma de tratamiento penitenciario, de modo que en vez de tener que justificar por qué un preso pasa a ese régimen de semilibertad que es el tercer grado, hay que justificar lo contrario, por qué no está en esa situación (Base 41, eje 3º del Modelo, Abril 2021). El resultado de estos dos años y medio es visible: 81 progresiones a tercer grado en este período (datos AVT).

Pero además del contexto, deben tenerse presente los antecedentes del caso. Lo que critica el profesor Fabián es el no reconocimiento en España de las condenas dictadas por Francia sino a partir del 15 de agosto de 2010. Sin embargo, conviene recordar que ese límite temporal fue avalado por el Tribunal Supremo en varias ocasiones, por el Tribunal Constitucional en 2016, y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2018. Y, a mayores, el propio Ministerio del Interior negó por escrito a las asociaciones de víctimas el 1 de febrero de 2022 su intención de modificar esta regulación.

Y siguiendo con los antecedentes, pero yéndonos más atrás en el tiempo, debe recordarse que la excarcelación de terroristas se ha convertido en costumbre. 1.232 reclusos de ETA salieron de la cárcel con la amnistía de 1977, de los cuales el 55% reincidieron. Un total de 258 etarras fueron excarcelados o eximidos de responsabilidad en el proceso de desaparición de ETA político militar al principio de los 80, muchos de los cuales se integraron en ETA militar. En otro orden de cosas, la derogación de la doctrina Parot en 2013 supuso la excarcelación inmediata de 61 etarras, entre otros, la de Santiago Arróspide, autor de la matanza de Hipercor, que ya había sido amnistiado en 1977.

Para terminar, además del contexto y los antecedentes, conviene tener presente la realidad social del tiempo en el que se pretende beneficiar a más de cuarenta terroristas. Vivimos un momento de evidente retroceso en la valoración moral de todo lo relacionado con el terrorismo de ETA. Todo vale con la excusa de que ETA ya no existe y que fue «derrotada». Este es el final sucio de la banda criminal, en el que se atribuye al diálogo el resultado de la política antiterrorista, y se ocultan las compensaciones propias de toda negociación. Se normaliza la presencia de terroristas en las instituciones y en las listas electorales, los homenajes a los asesinos en espacios públicos, los pactos políticos con quienes continúan justificando cinco décadas de terror, y como consecuencia de lo anterior, se concede legitimidad política y moral a un proyecto político manchado de sangre, y sobre todo, que dicho proyecto y sus líderes estén en la dirección del Estado. Mientras tanto, 379 asesinatos sin resolver.

Hay conductas anormales en todos los órdenes, afirmó el filósofo Julián Marías. Estas pueden ser frecuentes; esa frecuencia no prueba ninguna licitud; y lo que es legalmente lícito puede ser moral o intelectualmente inaceptable, una maldad o una falsedad. Desde mi punto de vista, este el caso: una reforma innecesaria e inmoral.