Figura creada por gobiernos poco o nada democráticos

La abogacía es una profesión libre e independiente, que asegura la efectividad del derecho fundamental de defensa y se constituye en garantía de los derechos y libertades de las personas, debiendo velar siempre por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defienden, con respeto a los principios del Estado social y democrático de derecho constitucionalmente establecido, desempeñando una función esencial y sirviendo a los intereses de la Justicia, mediante el asesoramiento jurídico y la defensa de los derechos y libertades públicas.

Por ello, mi confianza y compromiso con el Estado de Derecho, con la independencia del Poder Judicial y con el funcionamiento de nuestras instituciones, haciendo un llamamiento al más amplio dialogo y consenso y al respeto a la Ley, a la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales y a las decisiones de los Tribunales.

La firma del pacto constituye un intento de atentar, jurídicamente, contra la esencia misma del estado de derecho, y en concreto contra la división de poderes, pues la fiscalización del poder judicial por parte del legislativo o ejecutivo («lawfare»), en los sistemas jurídicos europeos, rompe la esencia de nuestra democracia: solo los juzgados y tribunales pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y para la revisión de sus resoluciones están los recursos, también previstos legalmente. El «lawfare» es una figura novedosa y creada por gobiernos poco o nada democráticos

Por su parte, la cesión del 100% de los impuestos pagados en una comunidad autónoma a esa misma comunidad, o la condonación parcial de la deuda con el Estado, son contrarios al principio de igualdad y deber de contribuir, recogidos en el artículo 31 de la Constitución.

La introducción de un tercero, denominado «mediador», para negociar acuerdos y «verificar» el «seguimiento de todo el proceso de negociación» entre Gobierno y una comunidad autónoma, carece de toda lógica, ya que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Respecto de una hipotética amnistía o indulto general, además de estar prohibida en el artículo 62 de la Constitución, sería un agravio comparativo respecto de otros ciudadanos, su concesión no corresponde a ninguno de los tres poderes, y en todo caso, de forma individual, debe concederse «con arreglo a la ley».

Espero y confío en el poder judicial, que sabrá hacerse respetar y luchará por su independencia, mediante el dictado de las resoluciones correspondientes, aplicando siempre la ley. Asimismo confío en los impedientos que se establezcan desde la Unión Europea, pues la aprobación de la amnistía, la clara injerencia en el poder judicial, la condonación de deuda fiscal, o la introducción de mediadores externos en la relaciones entre el Estado y las comunidades, sembraría un grave precedente en algunos países vecinos de la Unión.