11 agosto 2020
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Esto se nos va de las manos

09 jul 2020 / 03:00 H.

    Se nos está yendo de las manos. Casi lo teníamos controlado y en las dos últimas semanas hemos perdido buena parte de lo conseguido en la lucha contra la pandemia con tanto sudor, tanta sangre y tanta muerte.

    El retroceso, los rebrotes de estos últimos días, confirman que algo, o mucho, estamos haciendo mal, muy mal.

    Los últimos datos de contagios apuntan a una situación alarmante, mientras el Gobierno de la nación no se da por enterado. Ayer volvíamos a cifras de los días de estado de alarma: 257 nuevos enfermos con brotes importantes en Aragón (60), Cataluña (52), Galicia (35), Madrid (35), y Andalucía (28).

    El ministro filósofo de Sanidad dice que está preocupado. Menos mal. Sabemos que está preocupado, lo que sabemos es en qué anda ocupado. En frenar los rebrotes no, desde luego. Parece que la tarea más importante de Salvador Illa El Triste, un artista de la catástrofe, consiste en provocar el pánico. Ahora dice que no descarta volver a un confinamiento general en España. Es como el tonto que entre susto y muerte elige muerte. Alguien debería explicarle a este ministro-cuota catalanista de Pedro Sánchez que parar de nuevo dl país no es una opción, que supondría el derrumbamiento definitivo de la ya maltrecha economía nacional.

    Lo primero que debería hacer Illa, si quiere hacer honor a su nombre y salvarnos del desastre, es dimitir. Él, su ‘compa’ Fernando Simón y todos los que en su día nos dijeron que las mascarillas no eran recomendables, que los test no servían para nada. Los mismos incapaces de contar los fallecidos por COVID.

    Quien sustituya a Illa debe tomar con urgencia algunas medidas para frenar los peligrosos rebrotes que amenazan con amargarnos el verano. En primer lugar, es fundamental penalizar con sanciones duras, incluso con la cárcel, a los promotores de eventos en los que se están produciendo contagios colectivos, en discobares, botellones, fiestas... Están poniendo en peligro la salud y la economía de todos los españoles y deben recibir un castigo ejemplar. Ejemplar y público. Lo que no puede volver a ocurrir es lo que pasó con los miles de sancionados por saltarse el estado de alarma: casi todos fueron multados de forma más que merecida, pero casi todos han sido ‘perdonados’ porque al Gobierno se le ha pasado la fecha para proceder al cobro.

    Es urgente imponer la obligatoriedad de la mascarilla en todos los espacios públicos. Lo están haciendo en las zonas y en las comunidades donde se producen rebrotes, pero, aunque solo sea por una vez, el Gobierno debe adelantarse a los acontecimientos y negociar con las comunidades autónomas una protección a todas luces eficaz contra la extensión del virus. Eso de llevar mascarilla solo cuando no se pueda guardar el metro y medio de distancia no sirve. O llevas la mascarilla por la calle, o multa al canto. Y en este caso, la Junta de Castilla y León, con el superconservador (en temas coronavíricos) Francisco Igea al frente del aparato sanitario, debería adoptar esa medida cuanto antes.

    Hay que volver a imponer (el Gobierno debe encontrar la fórmula de volver a imponer) el sentido común, el instinto de protección y el refugio de los ciudadanos en su ‘burbuja’ de convivientes. Todo lo que sea acercarse a familiares, amigos, conocidos y otras gentes fuera del círculo de convivencia habitual, ha de hacerse guardando la distancia y con mascarilla. Es duro pero necesario. Hemos pasado del confinamiento al desmadre sin transición y sin beneficio. Porque los botellones, las fiestas de cumpleaños, los encuentros de familias amontonadas en casas rurales y las celebraciones colectivas no contribuyen a reactivar la economía. Se puede avanzar en la desescalada de la actividad sin permitir la relajación colectiva y menos aún los abusos, el desenfreno y el follón.

    Pero este Gobierno, en lugar de actuar con toda la contundencia contra los rebrotes, se limita a anunciar multas de 40.000 euros para las empresas que no garanticen un metro y medio de distancia entre sus empleados. Es lo que pasa con un vicepresidente comunista y una ministra de Trabajo enemiga de los empresarios. Entre los filósofos y los anticapitalistas nos llevan a la ruina.