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Mientras nos vamos acostumbrando a esta vida de cavernícolas impuesta por el estado de alarma, a muchos españoles nos invade la sensación de que ya nada será igual tras el paso arrasador del coronavirus. Es una emoción extraña, a la que se une el convencimiento, basado en evidencias científicas, de que estamos en el peor momento de nuestra historia en las peores manos. Ha caído sobre nosotros una tormenta insólita que amenaza con convertirse en huracán y a los mandos de la nave tenemos a una tropa sin preparación náutica ni experiencia en tempestades.

Tras la necesaria e incomprensiblemente tardía declaración del estado de alarma, ahora toca que el Gobierno aplique un plan de choque económico para combatir las terribles consecuencias del parón provocado por el confinamiento de la población. Sobre la mesa está la agilización de los expedientes temporales de regulación de empleo, la suspensión del pago de cotizaciones a la seguridad social y una línea de avales para las empresas afectadas por el parón. El PP ha pedido también un fondo de hasta cien mil millones de euros de liquidez, así como rebajas de impuestos. Ya veremos si Pedro Sánchez es capaz de imponerse a la voracidad recaudatoria de su compañero y colega de cuarentena, Pablo Iglesias, que apostará por hacer que ‘los ricos’ (empresarios) paguen el desastre causado en buena parte por la desidia y la insensatez de ambos.

En el peor de los escenarios, se va a producir (o se está produciendo ya) una oleada de despidos en muchos negocios que no volverán a abrir y todo apunta a que España acabará el año en recesión, con nefastas consecuencias para el empleo. Enfrentarse a ese reto supone una capacidad de gestión y una determinación de la que Sánchez carece. La crisis le cae demasiado grande. Ya el día a día de una nación en marcha le desbordaba, porque su gran preocupación nunca ha pasado por mejorar la vida de los españoles sino por mantenerse el mayor tiempo posible en la Moncloa, así que la que se avecina es parda.

La situación requiere otro equipo al frente de los destinos de España. Sería el momento apropiado para que Sánchez intentara un acuerdo con las fuerzas constitucionalistas, con PP y Ciudadanos, para aprobar unos presupuestos de emergencia y afrontar el coronavirus de la mano de quienes trabajan por España, y no del brazo de quienes luchan para destruirla.

Una muestra de la incapacidad de este Gobierno para combatir el virus en todo el territorio la tenemos en el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias. La UME ha sido enviada a trece ciudades para evitar problemas con el transporte, labores de desinfección, vigilancia y apoyo a centros sanitarios. Bueno, pues resulta que los militares no han sido desplegados en ninguna localidad del País Vasco o de Cataluña, las dos autonomías donde se registran más afectados después de Madrid. Y no han acudido a estas dos regiones porque los nacionalistas y los separatistas no quieren ver soldados españoles en su feudos, y Pedro Sánchez se lo consiente porque los necesita para mantenerse en el poder.

También resulta preocupante que el Ministerio de Sanidad, una vez que se ha hecho con el mando unificado de la gestión de los enfermos en todo el país, haya decidido limitar de forma drástica las pruebas del coronavirus, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OMS insistió ayer en que “no podemos luchar contra esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un mensaje muy simple a todos los países: pruebas, pruebas, pruebas. Si dan positivo hay que averiguar con quién han estado en contacto”. En España, en Castilla y León y en Salamanca, se han dejado de hacer pruebas (solo las hacen a sanitarios y personal ‘cualificado’) y por tanto se trabaja con cifras de afectados que nada tienen que ver con la realidad. Es solo un detalle revelador sobre en manos de quién estamos.

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