20 junio 2019
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El mosqueo de la jueza

24 may 2019 / 03:00 H.

El nuevo capítulo sobre el serial de la Ley de Caza se reduce a que hay un partido, el Animalista, empeñado en que se prohíba la caza porque odia las escopetas y cree que vive en los mundos de Yupi, y una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana María Martínez Olalla, que se agarra a la oportunidad de hacer historia entre los ‘verdes’.

Si en el primer capítulo del serial la jueza dio un golpe maestro con un auto muy pobre pero que acabó con la suspensión cautelar del Decreto de caza y control de fauna de Castilla y León, ayer hizo pública su intención de llevar al Tribunal Constitucional la Ley autonómica -que aprobaron todos los grupos en las Cortes para salvar esa suspensión-, con el traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre su posible inconstitucionalidad.

La jueza defiende que la modificación legislativa aprobada en las Cortes exonera a la Junta de Castilla y León de cumplir el Auto dictado por ella con anterioridad. Es decir, se ha mosqueado porque ve intención de toreo a su persona y a su auto, con el agravante de que seguro que no es nada partidaria de los toros. No lo tendrá fácil porque las partes que no son el PACMA se van a oponer a la cuestión de inconstitucionalidad y, aunque la sala siga adelante, es complicado que se admita a trámite.

La jueza está mosqueada porque la jugada acordada por todos los grupos de las Cortes -con ningún voto en contra porque casualmente el de IU-Equo estaba enfermo ese día- permite cazar en Castilla y León cuando ella creía haber acabado con esta posibilidad con un auto que parecía escrito por el Partido Animalista.

Así que la sala plantea ahora la cuestión de inconstitucionalidad y segundos después el Partido Animalista se lanza a la piscina hablando de una nueva victoria, cuando afortunadamente aún les queda mucho recorrido para poder colgarse las medallas que está dispuesta a regalarles la jueza y que abrirían la puerta a la prohibición de la caza en el resto de España. De hecho hasta ahora PACMA no había iniciado esta batalla contra la caza en ninguna otra comunidad simplemente porque ningún Tribunal les iba a hacer caso y ha encontrado en la jueza de Castilla y León ese trampolín para ver cumplido su sueño de que no haya escopetas en el campo; los jabalíes campen a sus anchas; los conejos destrocen las cosechas; y la zorra tenga vía libre para comerse cuantas gallinas quiera.

Si el PACMA consigue que en Castilla y León no se pueda cazar con el argumento de peso de la falta de datos de población silvestre cuando es la comunidad con los mejores censos y los más actualizados, acabar con la caza en otras regiones sería ya relativamente sencillo.

O eso cree el Partido Animalista porque la Junta trabaja ahora para salvar la Ley de Caza con la Fundación Artemisan, azote de los animalistas en Asturias, donde les tumbó el recurso contra el control de población del lobo que había planteado el Principado. Artemisan cree que la diferencia entre Castilla y León y el resto de comunidades está simplemente en la jueza: no comprende, por ejemplo, cómo pudo desprestigiar un informe técnico -avalado además por otros- sin molestarse en solicitar un peritaje. Tampoco entiende cómo el PACMA argumenta que la inclusión de las especies incluidas en la Orden como cinegéticas van en contra de las directivas europeas, cuando en cambio las recoge Bruselas, o cómo es posible poner en duda una Ley cuando es máxima garantía, más cuando se aprobó sin votos en contra.

El PACMA pide respeto a los animales, no sacar las escopetas, niega la plaga de jabalíes y ante su ‘imposible’ exceso de población, abogaría por piensos anticonceptivos. La ‘fórmula mágica’ deja múltiples accidentes en las carreteras, inseguridad incluso en las ciudades y puebla el medio rural, pero de bichos. La caza es necesaria, le guste o no a la jueza, y le guste o no a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica que si como se rumorea recibe un impulso de Pedro Sánchez, da más miedo que la propia jueza.