01 diciembre 2020
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El librillo de Igea y Casado

    Están ocurriendo cosas que producen perplejidad, asombro e incomprensión. Nuestra capacidad para entender las decisiones de política sanitaria está siendo puesta a prueba cada día, y ha llegado un momento en que resulta imposible discernir los motivos por los que cada gobierno regional adopta una u otra estrategia.

    Lo más incomprensible de todo cuanto está ocurriendo en las últimas semanas es que los mandatarios encargados de gestionar la lucha contra el coronavirus parecen no haber aprendido nada de lo vivido y sufrido desde marzo: se siguen aplicando medidas restrictivas y estrategias sanitarias en contra de la evidencia, sin que importe si producen buenos o malos resultados.

    En Madrid, por ejemplo, está funcionando el análisis de aguas fecales para anticiparse y actuar en las zonas y barrios donde se anuncia un incremento de contagios en los próximos días. El confinamiento y los test de antígenos masivos por áreas de salud que aplica la presidenta Isabel Díaz Ayuso están cosechando resultados que asombran a Europa. El Gobierno de Ayuso ha apostado por mantener abierta la hostelería y limitar el toque de queda al mínimo, de doce a seis de la mañana, con lo que ha conseguido que el desastre del sector esté siendo menor que en otras autonomías. Ayuso ha pedido que las farmacias puedan realizar pruebas para intentar que toda la población de Madrid sea testada antes de Navidad y, primero la Unión Europea y el Ministerio de Sanidad después, le han dado la razón y el permiso. Madrid ha pasado de región apestada a modelo de gestión de la pandemia. Pero modelo para los de fuera, porque dentro se odia a Madrid.

    Castilla y León, en cambio, no es ejemplo de nada. De fracaso, tal vez. Aquí, con las medidas más restrictivas y el mayor castigo a la hostelería, el comercio y la economía en general, las cifras de contagios nos colocan como la peor autonomía de España, que recordemos sigue siendo uno de peores países de Europa y del mundo.

    Aquí, en Castilla y León, no se analizan las aguas fecales de las capitales para mejorar el control del virus y no hay medidas específicas por barrios. Aquí se utilizan los test de antígenos con cuentagotas y la Consejería de Sanidad no contempla la posibilidad de hacer test masivos, salvo casos excepcionales. Aquí se mantiene el toque de queda en horario de diez de la noche a seis de la mañana y el cierre total de la hostelería. Y hoy jueves estas duras restricciones, que están funcionando mucho peor que las medidas más suaves de la capital del Estado, serán prorrogadas otras dos semanas.

    ¿Alguien lo entiende?

    Tanto el Gobierno de Ayuso como el de Alfonso Fernández Mañueco dicen apoyarse en las recomendaciones de sus expertos. Al parecer, todo es ciencia. Solo que unas medidas funcionan y otras no.

    Lo lógico, lo práctico y lo normal sería que, una vez comprobado que en Castilla y León no acertamos nunca a la primera, al menos copiáramos de quienes están teniendo éxito. Pero no. El vicepresidente Francisco Igea y la consejera de Sanidad Verónica Casado siguen fieles a su librillo, mientras que Ayuso continúa siendo la oveja negra, la nota discordante, la chica díscola y extraña en el rebaño de los barones del PP. Ayuso mantiene su postura crítica con las ocurrencias del ministro Illa, mientras que la Junta de Castilla y León sigue figurando como fiel seguidor de los dictados, tantas veces contradictorios y casi siempre equivocados, del Ministerio del Filósofo.

    Eso sí, Pedro Sánchez y sus voceros gubernamentales se han tenido que tragar los feroces ataques de semanas atrás contra la Comunidad de Madrid. Los sanchistas no pueden reconocerlo en público, pero en lo más profundo de su negro corazón están deseando que se disparen las cifras de enfermos y muertos en la capital de España, para volver a la carga contra la rebelde Ayuso. Y es un sentimiento que no podemos descartar incluso entre sus colegas populares. La ruindad humana, como la perplejidad, no conoce límites.

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