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En su atinado y a ratos divertido discurso de toma de posesión, el rector Ricardo Rivero hizo una certera alusión a las fórmulas que utilizan algunos políticos españoles para jurar sus cargos y que en esencia suponen una negación rotunda del propio juramento, una insensatez, un absurdo y un completo desatino. Se trata de fórmulas que al recién renovado rector de la Universidad le producen “estupor”, porque son “como una traición al cónyuge en plena noche de bodas” y “todo lo que venga después será previsible”.

Mientras en la Universidad salmantina los cargos juran o prometen “cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma general del Estado, con respeto al Rey”, tenemos ejemplos en los parlamentos nacionales y regionales de fórmulas que ponen los pelos de punta, aforismos lanzados como un insulto al Rey y al Estado, en el preciso momento en que el juramentado se dispone a ocupar un escaño del que vivirá con holgura y escasa dedicación los siguientes cuatro años de su vida.

Como bien señaló Rivero, el respeto a las tradiciones y a las formas resulta esencial para avanzar en el conocimiento, en la ciencia y también en la vida. Lo que en la inmensa mayoría de los países civilizados constituye una fórmula sagrada de aceptación de las leyes básicas de la democracia y de los pilares institucionales de una nación, aquí se ha convertido últimamente en un bochornoso espectáculo de lírica separatista y antiespañolismo. Tenemos por un lado a los golpistas de Esquerra Republicana que cuando entraban a cobrar del Congreso español levantan la mano para prometer su cargo “por la libertad de los presos políticos catalanes, por el retorno de los exiliados, hasta la Constitución de la república catalana y por imperativo legal”. Todo inconstitucional, aunque a partir de ahora dejarán de reclamar la libertad de los presos, porque ya se los ha puesto Pedro Sánchez en casa, para incluir lo de la amnistía, porque no se han quedado satisfechos con el indulto.

Los diputados del fugado Puigdemont también suelen encontrar fórmulas originales con las que ciscarse en España con el mayor descaro, como aquello de prometer su cargo “con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, y por imperativo legal”. Lo del referéndum del 1-O y el resto de los “deseos” de los parlamentarios de Junts son inconstitucionales, por supuesto. Lo saben y lo hacen adrede: juran o prometen la Constitución ciscándose en la Constitución. Un insulto a la democracia, como lo es la cláusula elegida por los antisistema de la CUP (“En lealtad primera y última a nuestro pueblo”) y la de los filoetarras de Bildu: “Por imperativo legal, hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre”.

Esta gentuza que en cualquier país civilizado estaría marcando palitos en las paredes de un presidio, por imbéciles y por atentar contra la unidad y la democracia de un país, aquí son jaleados por la progresía y la ultraizquierda, y en lugar de ser despojados de sus atributos parlamentarios como correspondería (¡seguimos pagándoles un señor sueldo para que trabajen contra España!) son recompensados con el trato exquisito y preferente del presidente del Gobierno, que cuenta con sus votos para sobrevivir al menos dos años más en La Moncloa. Estos diputados y senadores rebeldes y progolpistas consiguen para sus terruños la parte del león de las inversiones del Ejecutivo sanchista-comunista, mientras quienes se mantienen fieles a la Constitución y a España son castigados con el desprecio presupuestario, como es el caso de Castilla y León en general y de Salamanca en particular.

Como diría el rector Rivero, esto es como si el cornudo o cornuda en la noche de bodas pagase el viaje de novios de los adúlteros.

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