El cerdo de la discordia

Igual que es una evidencia que los cerdos huelen, también lo es que los pueblos se quedan vacíos. El informe del Servicio Público de Empleo Estatal devela que a finales del pasado año 40 municipios salmantinos tenían 10 o menos afiliados en actividades que se desarrollaran en el propio municipio.

También es una realidad que el desierto demográfico avanza en Salamanca y afecta ya a dos terceras partes, con dos de cada tres municipios salmantinos con una densidad de población en el territorio inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Con esta situación, no parece que Salamanca esté en condiciones de despreciar la instalación de empresas ganaderas, sobre todo en una provincia donde el sector tiene tanta importancia. Instalaciones de este tipo son necesarias para garantizar la viabilidad de un sector que necesita ganar en dimensión para sobrevivir y también pueden contribuir a fijar población en el medio rural.

En el caso de las explotaciones de porcino en este momento se imponen las de grandes dimensiones donde los pequeños ganaderos apenas tienen protagonismo en favor de las granjas de integración, que permiten a los industriales obtener un producto uniforme -como demanda el mercado- ; sin apenas riesgo para el ganadero porque produce animales de otros; y garantiza una rentabilidad porque implica reducción de costes. En Salamanca además la potente industria agroalimentaria exige tener lo más cerca posible estas explotaciones para reducir costes de producción, lo que indirectamente implica fijar población en la provincia porque aunque no aumente la población donde se instala la granja sí se genera empleo donde se ubican las fábricas.

Entre las tres realidades -Salamanca está despoblada y necesita empresas; el sector ganadero debe ganar dimensión para ser competitivo y garantizar la viabilidad de la industria agroalimentaria a la que abastece; y que es necesario garantizar el bienestar de los vecinos incluso en aquellos casos en los que su número sea muy reducido- es necesario regularizar la instalación de granjas o macrogranjas.

No vale ni una oposición frontal, como la que mantienen los grupos ecologistas -que criminalizan al ganadero- ni tampoco la instalación de granjas puede afrontarse de la misma forma en unos municipios que en otros, en parte porque tampoco los proyectos son idénticos: no es lo mismo una explotación ganadera que creará empleos que otra que no lo hará; no es idéntico un sector que otro -en el porcino está establecido el tope de 720 unidades de ganado mayor y, en cambio, en el vacuno no-; tampoco es igual la instalación en un municipio con alta densidad ganadera que en otra con baja porque su efecto sobre la población y el medio ambiente no es idéntico; o ubicarlas en un municipio que vive del turismo que en otro que carece de ese atractivo.

Bruselas obliga al cumplimiento de la normativa de nitratos, pero luego es cada Administración la que tiene competencias para regular la instalación de estas explotaciones.

Igual que es necesario un pacto contra la despoblación -porque es absurdo que cada administración aborde caminos separados dilapidando fondos públicos a veces en ocurrencias o líneas que necesitan continuidad- también es preciso que se llegue a un consenso sobre la regulación de las macrogranjas, que empieza por su definición.

Un cerdo en un pueblo no es en sí mismo un problema, pero tampoco implica que sea la solución.