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Se veía venir. Hay divorcio a la vista y no podemos decir que no estuviéramos avisados.

Desde hace tiempo coexisten dos gobiernos en la Junta de Castilla y León. Uno del PP comandado por Alfonso Fernández Mañueco y otro que lidera Francisco Igea y que con mucha buena voluntad podríamos considerar cercano a Ciudadanos, aunque en realidad se halla en un desierto ideológico.

La convivencia entre ambas facciones ha sido complicada desde que hace más de dos años comenzara la andadura del gobierno de coalición, pero en la última semana las costuras de este traje hecho a medida han reventado de forma estrepitosa.

El detonante de la crisis no podía ser otro que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, la protegida de Igea, que un día fuera nombrada mejor médico del mundo y a la que en La Gaceta hemos calificado como peor gestora sanitaria del mundo (conocido).

Los errores de la gestora de la sanidad de Castilla y León darían para escribir dos o tres novelas, pero baste decir que durante la pandemia bajo su batuta esta Comunidad ha sido la más castigada con las más duras restricciones y al mismo tiempo ha liderado durante mucho tiempo el ranking de las regiones con más muertos, más enfermos y más contagiados de España, que es como decir del mundo, porque nuestro país ha sido lo peor de lo peor.

Casado ha liderado lo que en este periódico hemos calificado como el ‘ala cierrabares’ de la Junta, en la que inicialmente militó Mañueco, de la que hace ya tiempo que desertó a Igea y que ahora la consejera de Sanidad maneja en solitario. Las tensiones entre uno y otro bando han acabado por reventar con motivo de la reforma de la asistencia sanitaria en los pueblos de Castilla y León, que Casado decidió anunciar en solitario, sin contar con el presidente del gobierno del que (supuestamente) forma parte. Una reforma que implica el cierre de consultorios y la concentración de servicios, con el coste de imagen (y de votos) que esto supone para quien la lleve a cabo.

Mañueco no está dispuesto a asumir ese coste y menos aún a aceptar que una consejera le imponga su estrategia.

En el fondo, el conflicto responde a dos formas de entender la coalición: para el PP, solo hay un Gobierno, con un presidente que marca la línea para consejeros populares y centristas; para Ciudadanos, sus consejerías tienen derecho a forjar su propia política, diga lo que diga Mañueco.

Así las cosas, la cuerda se rompe siempre por el lado más débil, en esta caso la formación naranja. Mañueco dispone del botón detonador de las elecciones anticipadas, que podrían llevar a Ciudadanos a la tumba y a los populares a la mayoría absoluta.

La lideresa de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha plegado velas a la vista del desastre anunciado para su partido, pero sus discípulos en Castilla y León son mucho más audaces y alguno, como Fernando Castaño, ya ha sacado pecho y ha dicho que si hay que ir a elecciones, se va, y punto (final).

A partir de ahora, o Casado e Igea se pliegan, o las urnas decidirán su cruel destino.

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