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El otro día me tope con un conocido que regenta uno de los míticos locales de ocio nocturno en Salamanca, a los que acudía antes de que me empezaran a salir canas. Uno de esos empresarios que las han pasado canutas durante los últimos quince meses como consecuencia de la errática política del Gobierno central y la Junta de Castilla y León a la hora de gestionar la pandemia.

-Estarás contento, le dije.

-Pues no creas, me contestó.

-Hombre, ya os dejan abrir con el mismo horario que teníais antes de la pandemia. Estaréis notándolo...

-Precisamente eso es lo que me preocupa.

No me lo podía creer. “Este es como los agricultores de mi pueblo”, pensé. Nunca están contentos con la cosecha. Ante mi cara de asombro, me explicó su punto de vista sin dilación.

-Mira, lo que no puede ser es que nos hayan tenido machacados durante todo este tiempo como si fuéramos los malos de la película, sin dejarnos trabajar absolutamente nada, y de la noche a la mañana, barra libre. Hemos pasado de la nada al todo en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es muy peligroso. A partir de las cuatro de madrugada a nuestros locales llegan muchos jóvenes que han estado de fiesta en pisos o en botellones y buena parte de ellos ya vienen cargados y son los que pueden dar problemas. Yo, desde luego, si veo que no puedo controlar la situación, cierro antes para evitar movidas.

Su explicación me dejó perplejo. No le faltaba razón. Revisé cómo estaba la situación en el resto de regiones y ninguna de ellas permitía, como Castilla y León desde el pasado 18 de junio, que estos locales nocturnos pudieran permanecer abiertos según el horario marcado por las ordenanzas municipales. La mayoría restringía esta apertura a entre las dos y las tres y media de la madrugada. Ni siquiera Madrid, gobernada por la adalid libertaria Ayuso, se había vuelto tan permisiva.

Llama poderosamente la atención que la Junta de Castilla y León, a la que el Tribunal Supremo le enmendó la plana por imponer un toque de queda a las ocho de la tarde y por restringir el aforo de las iglesias independientemente del tamaño del templo, haya virado el rumbo de esta manera. Sorprendió también que aquel mismo día en el que se hacía efectiva la apertura total de las discotecas, el Ejecutivo regional permitiera avanzar a nivel 1 de alerta a todas las provincias, cuando la mayoría de ellas no presentaban datos para ello. Solo le faltó a Francisco Igea anticiparse a Pedro Sánchez para decretar el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores, una decisión que curiosamente no ha sido acogida con un júbilo especial por la mayoría de la población.

Como siempre, sigue faltando sentido común. El mismo del que no han hecho gala miles de padres de toda España, al permitir que sus hijos, algunos de ellos menores de edad, participaran en viajes de fin de curso a Mallorca. Solo con el ver programa de muchos de ellos se me ponen los pelos de punta: ‘pool parties’, un concierto de reguetón y hotel por 500 euros. Un plan de lo más cultural. Vamos, directos al ‘infectódromo’. Ahora, esos progenitores se tiran de los pelos porque a algunos de sus hijos los tienen retenidos en el hotel covid de Palma de Mallorca a la espera de resultados de pruebas. Les pinta.

El caso de megabrote balear es otro claro ejemplo de la falta de tino y control de la que han hecho gala las autoridades sanitarias durante este duro camino por el que nos ha tocado transitar. ¿Cómo es posible que se permita la organización de este tipo de viajes en los que se sabe fehacientemente que va a haber fiestas con alcohol -ojo, con menores- y en los que el desmadre es su principal reclamo?

Teóricamente -ya no estoy seguro- nos encontramos en plena desescalada con el objetivo de llegar a los meses de verano con una cierta normalidad. No parece que llevemos el camino adecuado.

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