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Estamos tan acostumbrados a que los golpistas se rían a la cara de la Justicia española que ya no nos escandaliza el hecho de que la Generalidad catalana anuncie a bombo y platillo su intención de desobedecer al Tribunal Supremo. Damos por hecho que delincuentes como Junqueras y Puigdemont son los que mandan, que tienen a Pedro Sánchez agarrado por salva sea la parte, y a estas alturas lo único que nos podría asombrar es que, por una vez, hicieran caso de las sentencias que no les convienen.

El alto tribunal ha decretado que los colegios públicos catalanes están obligados a impartir un 25% de enseñanza en español, ratificando una larga lista de autos judiciales en el mismo sentido. Pronunciamientos unánimes, órdenes claras y tajantes, que han sido recibidas todas ellas con sendas sonoras cuchufletas por parte de las autoridades pre y post golpistas catalanas.

¿En qué país del mundo pueden las autoridades de un Gobierno regional saltarse a la torera a las más altas instancias judiciales, anunciar que cometerán ilegalidades, cometerlas a conciencia y con reiteración y salir indemnes, incluso reforzados en sus delictivas intenciones? ¿En qué país el Gobierno de la nación abraza, se apoya, compadrea, indulta y premia a quienes no solo incumplen las leyes sino que declaran como objetivo prioritario la destrucción de esa nación? ¿En qué estado democrático, o medio democrático, salen los ministros del Gobierno a garantizar a los delincuentes que no instarán el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Supremo? Pues en la España de Sánchez, claro.

Cómo será el nivel de desvergüenza de los separatistas que el presidente de la Generalidad se permite incluso azuzar al presidente del Gobierno de España a sumarse a la insurrección defendiendo el sistema nazi y xenófobo de la inmersión lingüística, ese montaje con el que los supremacistas catalanes persiguen a todo el que ose hablar español en ‘su’ tierra.

Esto solo ocurre en este reino de la España ocupado por el sanchismo-comunismo y sustentado por el voto de los enemigos de nuestra nación. Porque en la Generalidad no solo no van a dar marcha atrás en la persecución del castellano, poniendo vigilantes en las aulas y en los patios de los colegios para señalar a los hispanohablantes (acabarán poniéndoles una estrella de cinco puntas en la ropa y tatuándoles un número en la muñeca), sino que acaba de anunciar “un plan de choque para garantizar el cumplimiento estricto de la inmersión lingüística en los colegios”. Se han dado cuenta de que, a pesar de la persecución del español y el riego constante y multimillonario de ayudas al catalán, los niños cada vez utilizan menos la lengua de Ramón Llul. Y las ha entrado la rabia.

Sánchez no solo va a recomendar a la Fiscalía General del Estado y a la Alta Inspección que miren para otro lado mientras las autoridades catalanas mantienen su ‘appartheid’ contra el castellano, sino que va a seguir cediendo ante los carceleros. La última ‘gracieta’ del presidente del Gobierno ha sido aceptar los votos de los separatistas de ERC a cambio de obligar a Netflix y otras plataformas de contenidos audiovisuales a ofrecer sus servicios en catalán. Parece una tontería, pero el coste de la bobada lo pagaremos entre todos los españoles, para que lo vean cuatro gatos.

Puede parecer exagerada la propuesta que planteó ayer Pablo Casado de aplicar un artículo 155 ‘ad hoc’, suspendiendo las competencias en educación de la Generalidad, pero a mí se me queda incluso corta. Habría que aplicar un 155 general y poner en marcha un ‘Programa 2030’, un plan ideado justo en el sentido contrario del famoso ‘Programa 2000’ de Jordi Pujol, para desintoxicar mentes y devolver la cordura frente a la locura nacionalista. Para eso, por supuesto, tendríamos que estar en otro país.

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