05 marzo 2021
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Autoridad

    Otro gallo nos habría cantado en esta crisis sanitaria si el gobierno, los gobiernos de los diferentes niveles de la administración, hubiesen mostrado autoridad. Desde el ejercicio del mando que sugiere la primera acepción del diccionario de la Real Academia en la entrada “autoridad”, hasta la potestad y legitimidad que anota la tercera, pasando, y este sería ya el óptimo, por la segunda de las acepciones: “Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en una materia”. Habría bastado, en ese caso, con que el gobierno, los gobiernos, hubieran informado sobre las convenientes medidas de higiene y distancia, sobre la necesaria reducción de contactos sociales, para que todos nosotros, libre y responsablemente, hubiéramos actuado en consecuencia como uno solo, por voluntad propia. Pero desde el principio falló esa autoritas del Derecho Romano, que ostenta quien tiene capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión. Desde el principio, las medidas se impusieron por la fuerza, a decretazo de estado de alarma. He perdido ya la cuenta de las veces que he oído decir que en España, si no es por la fuerza, la ciudadanía no responde. Y no estoy de acuerdo. Más bien al contrario, he visto al pueblo español soportar estoicamente normativas insufribles con una disciplina y una sumisión en las que apenas lograba reconocer a los míos. Crápulas los ha habido, como en todas partes, pero han sido minoría marginal. Y a pesar de todo esto nos vemos obligados a contemplar ahora cómo la autoridad sigue tratando de imponerse, en este caso a través de los tribunales.

    Las decisiones del Supremo están para cumplirlas, eso vaya por delante. Pero no deja de ser lamentable que, con la que está cayendo, veamos a los gobiernos, como gallos, pelear en los tribunales para imponer una malentendida autoridad. Más aún si sabemos que el ministro Illa está en Madrid admitiendo que quizá haya que adelantar el toque de queda en todo el territorio. Aquí no se trata de si nos vamos a casa a las ocho o a las diez. El que pueda irse a las seis de la tarde, por favor que lo haga, dicte lo que dicte el Supremo y cacareen las administraciones afectadas. Aquí de lo que se trata es de “porque yo lo digo”, del “aquí mando yo” y del “usted no sabe con quién está hablando”. Y es una auténtica lástima, no solamente por el triste espectáculo, sino porque con la política se educa. Y esta política no está educando a una ciudadanía responsable, sino, en el mejor de los casos, obediente. La verdadera autoridad es empática, ofrece recursos y herramientas para que los ciudadanos puedan gestionar libremente y con responsabilidad los riesgos. La autoridad que necesitamos no procede del “porque yo lo valgo”, sino del “¿en qué puedo ayudar?”.

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