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Los presupuestos del Estado para 2022 son un atraco a las clases medias y trabajadores, un robo a mano armada a los que cobramos por nómina. Nosotros seremos los paganos de esta fiesta del despilfarro y del gasto improductivo que el Gobierno sanchista-comunista se apresta a aprobar con los votos de la calaña separatista, comunista y filoterrorista.

Pedro Sánchez prepara unas cuentas con un nivel de gasto récord en la historia de España, pero el objetivo del enorme dispendio de fondos públicos no es la recuperación de la economía tras la brutal crisis sufrida en los dos últimos años, sino la pura y simple compra de votos para ganar las elecciones de 2023 y perpetuarse en el poder.

El sablazo fiscal que cocinan PSOE y Podemos apenas afectará a los ricos y a las empresas con beneficios (la subida del impuesto de sociedades apenas representará en torno a 400 millones de euros), muy al contrario, centrará su ataque en el bolsillo de quienes declaramos el IRPF, cuya recaudación prevén aumentar un 8% hasta alcanzar la cifra histórica de 100.000 millones de euros. El resto de los impuestos crecen en la misma proporción para darle al Gobierno 232.000 millones de munición electoralista. Con esa fantástica montaña de dinero, sumada a los fondos que lleguen de la Unión Europea, Sánchez saldrá de compras el año que viene. Esta vez no se comprará un colchó nuevo para su cama en La Moncloa, sino unos millones de votos, los mismos que ha ido perdiendo a base de hacer el cafre en la lucha contra la pandemia y con las cesiones ante los golpistas y los etarras.

La marca PSOE (lo que queda de ella tras el lavado con lejía al que la ha sometido el sanchismo) ha ido perdiendo apoyos, sobre todo entre los jóvenes. Sánchez quiere frenar esa sangría y utilizará vilmente los presupuestos del Estado para sobornar a los que van a votar por primera vez. El regalo a los chavales viene envuelto en bonos de 400 euros para cultura y 250 para alquiler. Sánchez destinará a la compra del voto joven miles de millones sacados del bolsillo de los asalariados, pero que quede claro que este Gobierno no quiere crear empleo para los jóvenes, cuyo nivel de paro está en niveles de récord mundial (un 40%). Lo que pretende es directamente mantenerlos con dinero público para persuadirles de que les voten.

No contentos con sablearnos a conciencia, Sánchez, junto a su amiga marxista Yolanda Díaz, se propone perseguir el ahorro de las clases medias en planes de pensiones. Ya recortaron este año a de 8.000 euros a 2.000 el máximo que cada contribuyen podía destinar a estos productos, y el ejercicio próximo rebajarán el tope a 1.500 euros anuales. Nos impiden compensar lo escuálido de nuestra pensión futura y al mismo tiempo nos suben los impuestos, porque no nos permiten desgravar. Su proyecto pasa por convertirnos en personal mendicante y subsidiado también después de nuestra jubilación. Como ellos siempre tendrán a mano las puertas giratorias, además de sus pensionazos vitalicios, a los demás, que nos den...

Los únicos puestos de trabajo que creará este presupuesto disparatado serán funcionarios, no en vano con Sánchez el empleo público ha crecido un 73% más que en los últimos seis años de Rajoy. Esta política consolidará la orgía de gasto público improductivo, empobrecerá a las clases medias y a los asalariados, disparará el déficit empeñando a las generaciones futuras y dará forma a esa España subsidiada que tanto gusta al comunismo bolivariano, ideología original de Podemos que el sanchismo ha aceptado como suya en su proyecto para 2022.

Dice nuestra Ley Electoral que “quienes soliciten directa o indirectamente el voto mediante recompensa, dádivas, remuneraciones o con la promesa de las mismas” deben ir a la cárcel. Probablemente, dentro seis u ocho años, algún tribunal sentenciará que estos presupuestos son delito. Triste consuelo para nosotros, sus víctimas.

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