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La imprevisión del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de combatir el coronavirus sigue pasando factura a los españoles. Ahora estamos sufriendo con la mayor crueldad las consecuencias de tantas semanas de descuido, durante las cuales el Ejecutivo socialcomunista sencillamente ignoró, cuando no despreció, la trascendencia de la pandemia.

Ahora es cuando el Ministerio de Sanidad se ha dado cuenta de que España no tiene lo mínimo, lo más elemental para enfrentarse a la enfermedad: material, equipo, protección. Disponemos de un sistema sanitario envidiado en el mundo, con unos profesionales preparados y entregados a su labor, con excelentes instalaciones y una buena capacidad para reaccionar frente a los desastres. Pero no hay mascarillas, ni batas, ni trajes, ni gafas, ni respiradores...

Los hospitales de Salamanca están haciendo maravillas para repartirse las existencias, pero en las residencias de ancianos de la provincia la situación es dramática. Y el Gobierno que desde finales de enero debió ver venir la que se avecinaba, en cuanto se registró el primer caso de coronavirus en nuestro país, no solo ha permanecido de brazos cruzados hasta hace cuatro días, sino que ha bloqueado la capacidad de las autonomías para comprar suministros de sistemas de protección. El decreto de estado de alerta ha dotado al Ejecutivo de la capacidad para incautarse de todo tipo de material y las requisiciones efectuadas en estos días han tenido la virtud de bloquear la llegada de provisiones: el Estado se incauta de las mascarillas, las gafas y los respiradores y los proveedores dejan de mandarlas a España porque no saben si las van a cobrar ni a qué precio.

Ha tenido que ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, la siempre osada Isabel Díaz Ayuso, la que levantara la voz para denunciar el desabastecimiento de sus hospitales mientras el Ministerio que preside Salvador Illa medita sobre cómo repartir la escasez. El ministro tuvo ayer la desfachatez de afirmar que el Gobierno ha ido surtiendo a las autonomías a medida que le han ido pidiendo material. Hay que tener cara. Porque eso es tanto como afirmar que las autoridades de Madrid, y las de Castilla y León, que también están sufriendo el mismo racionamiento, son medio tontas porque se han olvidado de pedir lo que con tanta urgencia necesitan.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, explicó ayer que Sacyl sigue intentando comprar material de protección sanitaria en el extranjero (China fundamentalmente) ante la escasez y la insuficiencia de los envíos del Gobierno central. Según Illa, la culpa es de la Junta por no pedir más. Qué cara.

El mismo Igea nos puso ya en antecedentes para cuando se empiecen a ofrecer los datos reales de afectados en Castilla y León, que no son los 868 contabilizados oficialmente, sino cuatro veces más: 3.600 según la estadística ‘paralela’ de Sacyl, donde se incluyen todos aquellos que han sido diagnosticados ‘a distancia’ y están pasando la cuarentena en casa.

Para conocer los datos verdaderos de esta epidemia no basta con escuchar al pánfilo de Fernando Simón y mucho menos al estirado ministro Illa o al embustero presidente Sánchez. Hay que leer la prensa libre, que, como este periódico, busca los datos más allá de las fuentes oficiales. Una prensa que el propio Gobierno considera esencial en su decreto de estado de alarma, que en teoría la protege permitiendo la apertura de los quioscos, pero que después frena al decidir que Correos no reparta los diarios a los suscriptores. El Ejecutivo hace así un daño importante a la prensa libre, pero sobre todo atenta contra el derecho a la información de los más débiles, de los más desprotegidos, de los vecinos de esos pueblos aislados (de los que hay tantos en Salamanca) a donde no llega Internet ni la señal de telefonía y donde a veces ni se quiera se ve bien la tele. Esos vecinos que leen cada día el periódico para saber de verdad qué está pasando en su tierra y a los que ayer el Gobierno sanchista les ha apagado la luz.

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