Localismos

11.02.2019 | 04:45
Localismos

Unas muy desafortunadas y reiteradas declaraciones del alcalde de Valladolid, en demanda de inversiones para su ciudad (más bien a favor de su ciudad y en detrimento de otras localidades en las que, según él, dichas inversiones resultan menos productivas), ha generado una prolongada cadena de comentarios, así como de apoyos y condenas públicas, que previsiblemente no cesarán, al menos, hasta las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. De entrada, conviene constatar un par de cosas. La primera, que también nuestros políticos de proximidad están dispuestos a jugar a fondo la baza de las emociones, característica universal de unos tiempos en los que se entiende que es ahí, en la identidad, en la dialéctica del agravio y el desagravio, en el victimismo descarnado, donde se encuentra el primer elemento movilizador del voto; a algunos antiguos nos gustaría que no fuera así, que los debates girasen en torno a las políticas públicas y la evaluación de sus resultados, pero ya estamos resignados a que no se nos haga caso. La segunda constatación no es menos desoladora: poco queda ya de aquel proyecto colectivo en el que, al menos en alguna medida, se sustentó la configuración de la actual comunidad autónoma de Castilla y León, que hablaba de solidaridad interterritorial, de cohesión, de reducción de las desigualdades; ahora toca defender lo propio a toda costa, y hacerlo, además, deslegitimando las pretensiones de los otros.
Así que aquí no se salva nadie, o casi nadie, pero como la polémica ha empezado por donde ha empezado, no está de más abordar los argumentos, los explícitos y los implícitos, del señor Puente Santiago y de quienes, desde la ciudad vecina, han salido en su defensa. Hagámoslo de manera ordenada y, en la medida de lo posible, distante, como si aún fuera posible un debate más atento a las razones que a las vísceras.
1. El alcalde no se ha limitado a "cumplir con su obligación", es decir, a reivindicar inversiones para su ciudad. Nadie le critica por ello, sino por los argumentos con los que lo ha hecho, que consisten en proponer que Valladolid sea destino preferente de las inversiones públicas en lugar de "dispersar esfuerzos que no tienen ninguna rentabilidad".
2. No resulta convincente argumentar que Valladolid es "un polo con mucho potencial en el cual se debería apostar por su ubicación y su industria" y desvincular tal situación de su condición de sede de las principales instituciones autonómicas. Menos aún sugerir, como se hace de modo algo pintoresco, que dicha ciudad sufra por este hecho algún perjuicio. Quienes piensen de ese modo podrían perfectamente plantear un desplazamiento de dichas sedes: no resulta arriesgado aventurar que el resto de las capitales de la comunidad se ofrecerían a acogerlas.
3. El alcalde, así como alguno de sus animosos exégetas, parece sugerir la conveniencia de abandonar las políticas destinadas a reducir los desequilibrios territoriales. Tampoco parece preocuparle el proceso de desertización demográfica a la que se encuentra sometida una parte importante de la comunidad autónoma, aunque ciertamente no la ciudad de Valladolid y su entorno. Si es así, ello supondría una radical novedad en los discursos políticos regionales, que convendría explicitar para que todos supiéramos a qué atenernos.
4. El argumento según el cual la mejor manera de frenar la sangría de población en Castilla y León pasa por que Valladolid (y no Madrid, se dice) atraiga población del resto de provincias de la comunidad, resulta interesante sin duda para Valladolid, pero debería entenderse que no entusiasme a los habitantes de otras localidades.
5. Quienes no vivimos en la ciudad vecina observamos con asombro los discursos según los cuales esta ciudad estaría discriminada dentro de la comunidad autónoma. No es cierto que "las dos únicas exigencias para presidir la Junta [sean] no ser vallisoletano y no defender a esta provincia en ningún caso", pues hasta la fecha la han presidido un zamorano, un vallisoletano (durante siete meses), un madrileño, dos sorianos y un burgalés. En cambio, puestos a identificar agravios territoriales en los nombramientos políticos, podría preguntarse, por ejemplo, si hay algo que justifique que la política educativa dentro de nuestra comunidad haya estado siempre, hasta ahora, en manos de profesores de la Universidad de Valladolid.
No cabe en esta cuestión el argumento de que unos se mueven por el "populismo victimista" o por algún localismo paleto, mientras otros –se supone- por una especie de racionalismo ilustrado. Tan localista puede ser la defensa de los intereses de Valladolid como la defensa de los intereses de León, de Soria o de Salamanca. Pero nadie hasta ahora, salvo el alcalde de Valladolid, había defendido que fuera legítimo que la prosperidad de unos descanse en la ruina de otros.

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