Una mala colada con las hipotecas

08.11.2018 | 04:45
Julián Ballestero

Esto del concurso/sorteo para determinar el pago del impuesto de las hipotecas ha sido lo más parecido a una mala colada, una especie de tómbola dentro de una lavadora. Han comenzado por el aclarado, y a los jueces del Supremo les ha costado dos semanas y más de diez horas de reunión aclararse sobre quién tiene que pagar. Cuando lo han conseguido, el espectáculo ha continuado con el lavado propiamente dicho, porque el Gobierno de Sánchez ha intentado lavar su penosa imagen anunciando que corrige al Supremo con una medida populista más (y van... tantas que ya ni las contamos). Y todavía falta el centrifugado, porque a Lesmes, presidente del alto tribunal, y a Díaz Picazo, homónimo de la Sala Tercera, habría que cogerles de la toga, darles unos cientos de vueltas a toda velocidad, y lanzarlos lo más lejos posible de cualquier puesto de representación de la Justicia española.
El Supremo ha quedado con las posaderas al aire y los ciudadanos en bragas. Las ilusiones de los hipotecados presentes y futuros han sufrido una ducha de realidad. No les devolverán esos miles de millones de euros pagados en los cuatro últimos años, como parecía indicar la sentencia anterior. Al final, como en el Casino, la banca siempre gana: no verá agujereadas sus cuentas, porque, por más que se empeñe el Gobierno en cargarle el muerto, en el futuro ya se ocupará de repercutir el impuesto en el bolsillo de los clientes cuando pidan un préstamo.
El otro gran perdedor de este enjuague supremo es el prestigio de la Justicia en España. Los avances hacia una imagen blanqueada del poder judicial, ensuciada por la politización y la lentitud, que habían conquistado algunos jueces valientes como Llarena en sus autos contra los golpistas, los han enguarrado en dos gruesos brochazos los magistrados pastoreados por Lesmes y Picazo, con una bacanal de descoordinación y contradicciones, con un espectáculo de ida y vuelta en la interpretación de una misma norma.
Lo importante, el fondo del debate sobre si son los clientes o los bancos quienes deben de pagar el impuesto por el registro de la hipoteca, es la seguridad jurídica, la irretroactividad de la ley, la certeza del derecho en nuestro país. No es de recibo que una entidad bancaria se atenga a las leyes de la forma más estricta y que al cabo de los años venga un juez y no solo cambie la interpretación de la norma, sino que le exija un pago de los atrasos que puede llevarla a la ruina. En un país serio los actores deben estar seguros de que cumplir la ley no tiene condena sino premio. Algo parecido ocurrió con las primas a las renovables, que Rodríguez Zapatero comprometió por 25 años y que los gobiernos de Rajoy recortaron para desgracia de miles de inversores españoles y extranjeros. Fueran o no fueran justas y equitativas esas subvenciones (precios subvencionados) y sea o no sea justa y equitativa la atribución del pago del impuesto al cliente en el caso de las hipotecas, hay que cumplir siempre las normas, y si se detecta un fallo, se cambia la legislación y el partido se juega a partir de entonces con las nuevas reglas. Lo demás nos convierte en un país bananero e impredecible. Así que el Supremo ha acertado, aunque sea de rebote.
Si la banca siempre gana, en este caso la Junta nunca pierde. La Consejería de Hacienda que preside Pilar del Olmo continuará metiéndonos un rejón considerable cada vez que pidamos dinero a bancos y cajas de ahorro. Castilla y León figura en cabeza de las autonomías más voraces a la hora de cobrar el polémico impuesto sobre actos jurídicos documentados que graba el registro de las hipotecas. Un castellano y leonés paga el doble que un vecino de Madrid y el triple que uno del País Vasco o Navarra a la hora de comprar su casa. Para un préstamo medio de 120.000 euros, esos significa una diferencia de 900 euros respecto al madrileño y de 1.200 respecto a los privilegiados vascos y navarros. Y aquí no somos más ricos que ellos, precisamente€
Juan Vicente Herrera, a quien tanto se le llena la boca hablando de la lucha contra la despoblación y publicitando las políticas sociales de su Gobierno, ha tenido durante muchos años en este terreno una buena oportunidad de ayudar a las parejas a comprar su vivienda suprimiendo este impuesto que se sacó de la manga Pedro Solbes en 1995. La Junta habría recaudado unos millones de euros menos cada año, pero podría haber probado con un poco de austeridad en la Administración y un mucho de eficiencia en la gestión para compensar esa reducción de ingresos, en lugar de recortar servicios, que es la única receta conocida y aplicada por nuestros políticos desde que asomó la crisis.
Aunque tiene un pie y medio fuera del Colegio de la Asunción, no es demasiado tarde para Herrera. Ya puede aplicar aquí lo que ha prometido su compañero de partido y aspirante a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla: una reducción al mínimo del impuesto de actos jurídicos documentados. Eso sí sería política social y lucha contra la despoblación.

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