El ministro contra el juez

04.05.2018 | 04:45
Ángel J. Ferreira

En un Estado de Derecho (dicen que España lo es), los jueces son esenciales: sin ellos y sin la garantía de su independencia, hablar de democracia es un cuento. Pero corremos el serio riesgo de que así suceda, si sucumbimos al populismo rampante, según el cual, en una interpretación torticera de la democracia, la última palabra no la debe tener el juez con su sentencia sino el pueblo que intuitivamente dicta su veredicto, declarando culpable a quien así le parece. Si tal fuera, apaga y vámonos, olvidaríamos que el proceso es la última garantía de un ciudadano: en el mismo, con la mayor objetividad posible, se valoran pruebas, los litigantes acusan y se defienden, y finalmente un juez interpreta y aplica la ley, de la que no puede jamás zafarse. Si la sentencia la rechazaran las partes o el fiscal, cabe recurrirla ante el tribunal superior y este podrá revocarla, confirmarla o matizarla, aumentando o reduciendo la pena.
Jueces para mí quiero y no políticos ganapanes o enardecidos ciudadanos en posesión de la verdad, aunque no hayan asistido al juicio ni conocido las pruebas practicadas ni dedicado a la cuestión sino unos minutos oyendo a algún tertuliano o echándole un vistazo a unos titulares en vez de leer atentamente la sentencia. Comprendo, sin embargo, la indignación de la gente ajena al mundo jurídico (complejo, formalista, incomprensible a veces en su jerga): el hombre de la calle quiere que se haga justicia y pronto, pero a veces este sentimiento encierra una visión superficial de los problemas porque los hechos controvertidos casi nunca son evidentes y el error está a la vuelta de la esquina, también de los propios jueces. De ahí que sea legítimo criticar razonadamente una sentencia cuando parezca injusta, pero otra cosa es echar al juez a los leones.

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