El carbón y la libertad de empresa

30.11.2017 | 04:45
Julián Ballestero

Siempre resulta dolorosa la noticia del cierre de un centro de trabajo. Es duro en cualquier lugar de España, pero más en Castilla y León, tierra de funcionarios, camareros y comerciantes, donde las fábricas van muy pronto a ser consideradas como animales en peligro de extinción. Desde esa perspectiva hay que entender la alarma causada por el anuncio del cese de actividad en las centrales térmicas de Lada y Velilla por parte de Iberdrola, un anuncio que produce dolor en Asturias y en Palencia, donde se pueden perder unos cientos de puestos de trabajo, aunque los empleados sean recolocados en otras instalaciones de la compañía.
Es ese dolor el que motiva la radical oposición del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a la decisión de la multinacional energética. Y quizás sea también ese daño el que ha llevado al ministro de Industria, Álvaro Nadal, a poner todas las trabas posibles a la clausura de las centrales de carbón.
Pero, por encima del duelo, está la cruda realidad. Y lo cierto es que el carbón tiene fecha de caducidad en España y en Europa, y el funcionamiento de las centrales térmicas dentro de la UE tiene las horas contadas.
Resulta muy complicado defender ahora mismo a las centrales alimentadas por mineral porque la producción de energía eléctrica con carbón es la más contaminante y una de las menos eficientes. Si a ello añadimos los compromisos de Kioto sobre la reducción de emisiones y las cada vez mayores limitaciones a la subvención de la actividad minera, llegamos a un panorama con un presente conflictivo y un futuro muy, muy negro. Para más inri, las centrales térmicas no son rentables y las empresas que las gestionan están sufriendo pérdidas cuantiosas desde hace años que no están dispuestas a soportar durante mucho más tiempo.

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